En un hecho que ya se considera histórico y profundamente doloroso para un municipio conocido por su tranquilidad y convivencia pacífica, este jueves Filandia fue escenario de una jornada de agitación social sin precedentes. En medio de un intento de desalojo de los comerciantes de los tradicionales quioscos de la plaza principal, se vivieron momentos de caos, gritos, empujones y llanto, con la intervención del ESMAD, Policía del Quindío, funcionarios de la Alcaldía y una comunidad que se resistió con dignidad a ser desplazada de un espacio que ha ocupado por más de 27 años.
Las imágenes transmitidas en vivo por varios medios regionales muestran a ciudadanos —entre ellos adultos mayores— forcejeando con agentes del ESMAD en un espacio público que, hasta ahora, había sido símbolo de identidad, encuentro y economía local.
Ciudadanos denunciaron atropellos tanto verbales como físicos por parte de los uniformados, así como una total falta de disposición al diálogo por parte de la administración municipal.
La situación llegó a tal nivel de tensión que una persona vinculada a los quioscos tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial tras sufrir un episodio de descompensación en medio del operativo. Las escenas de desesperación y el clamor de los comerciantes fueron ignorados por una administración que habría elegido el camino de la confrontación en vez del diálogo.
“Nos trataron como invasores, como criminales. Llevamos casi tres décadas aquí, generamos empleo, cuidamos este lugar y ahora nos imponen tarifas impagables y contratos que no nos garantizan nada”, denunció con indignación uno de los comerciantes.
La propia Alcaldía de Filandia, según testimonios recogidos durante la jornada, había pedido hace poco más de un año que los comerciantes renovaran los quioscos con recursos propios. Muchos invirtieron entre 20 y 25 millones de pesos, con la promesa verbal de continuar. Pero tras cumplir, fueron notificados de nuevas condiciones impuestas por el Decreto 115 de 2024, que establecerían cobros mensuales de hasta 800 mil pesos y un contrato de apenas un año sin garantías de continuidad.
“Hemos pedido mesas de trabajo, el alcalde logró dividir parte de los asociados y dice que no somos todos. Nos dijo y nos impuso que iba a hacer unos quioscos, nos pidió renovar los quioscos, antes eran de guama y nos hicieron cambiarlos a estos de 25 millones de pesos”, declaró Nicolás Cuéllar, presidente de la Asociación de Quioscos de Filandia.
La diputada Jessica Obando, presente en el lugar, fue clara y enfática:
“Que quede constancia que se solicitaron mesas de concertación e intermediación y la alcaldía no quiso acceder…Desde el año pasado que se hizo la movilización se le solicitó al alcalde que se estableciera una mesa de trabajo, los comerciantes dijeron que el problema no es el decreto 115, el problema es que se hizo sin concertación de la comunidad. El alcalde respondió que el decreto se había publicado en página”
La gravedad de lo ocurrido fue tal que la diputada departamental Jessica Obando activó la Alerta Temprana No. 01 por posibles vulneraciones a los derechos humanos durante la jornada, en la que denunció uso desproporcionado de la fuerza, intento de desalojo forzoso de manera arbitraria, presencia de menores de edad durante el procedimiento, y una absoluta negativa de la administración municipal a establecer mesas de diálogo, a pesar de las solicitudes reiteradas de los comerciantes. En el documento, la diputada responsabiliza al Estado colombiano, incluyendo al presidente Gustavo Petro, altos funcionarios del Gobierno nacional, departamental y municipal, por cualquier afectación a la vida, salud o integridad de los manifestantes.
“La comunidad manifestante ha solicitado una mesa de diálogo desde las primeras horas del procedimiento, y no ha habido presencia del alcalde ni voluntad de diálogo, solo la imposición de una acción arbitraria que sobrepasa el Acuerdo Municipal 041 de 2003”, advierte la alerta.
Mientras tanto, desde su oficina y a través de las redes oficiales de la Alcaldía de Filandia, el alcalde Duberney Pareja defendió el operativo:
“Son negocios que están en el espacio público y no pagan aprovechamiento económico. Algunos son de personas que viven en Estados Unidos. El espacio público se recupera para el bien común. Yo soy amigo de la legalidad y la constitucionalidad”.
Aunque el mandatario no estuvo presente, el procedimiento de desalojo fue liderado por la Secretaría de Gobierno del municipio de Filandia, despacho que además funge como parte querellante en el proceso judicial que concluyó con la orden de desalojo contra los comerciantes que ocupan los quioscos ubicados en la plaza principal del municipio.
Lo vivido este jueves en Filandia va mucho más allá de la legalidad. Es una herida abierta en el alma de un pueblo que vio cómo sus tradiciones fueron arrasadas con protocolos y escudos. Un pueblo que resistió con dignidad y hoy clama justicia, respeto y verdad ante la grave situación de orden publico registrada este 8 de mayo.
