En una decisión que ha generado controversia en Panamá y Colombia, el presidente Gustavo Petro concedió asilo político al exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y lavado de dinero. A partir del 10 de mayo de 2025, Martinelli, de 73 años, se encuentra asilado en Colombia, tras un proceso diplomático que incluyó la emisión de un salvoconducto para su traslado seguro.
El ex presidente panameño, quien estuvo en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde febrero de 2024, solicitó asilo en Colombia tras ser condenado en su país por el escándalo New Business y por su vinculación con la multinacional brasileña Odebrecht. Además, enfrenta cargos por sobornos relacionados con la constructora FCC en España. Según su defensa, Martinelli argumentó que su vida corría peligro y se consideraba un “perseguido político”.
La decisión del Gobierno colombiano fue formalizada mediante una nota diplomática enviada al presidente panameño, José Raúl Mulino, quien tiene una relación cercana con Martinelli, pues fue su sucesor en las elecciones de 2024. La Cancillería panameña explicó que el otorgamiento del asilo se dio en cumplimiento de los compromisos internacionales de asilo, en el marco de la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.
Este asilo llega tras la negativa del gobierno anterior de Panamá, presidido por Laurentino Cortizo, que rechazó un pedido similar de Martinelli hacia Nicaragua en 2024, debido a preocupaciones sobre su posible captura internacional. Ahora, con el aval de Petro, se abre un nuevo capítulo en la historia legal de Martinelli, quien tiene pendiente el pago de una multa de 19.2 millones de dólares y enfrenta otros procesos judiciales tanto en Panamá como en España.
El caso de Martinelli no es solo un asunto de ámbito judicial; también ha desatado un intenso debate político. En Panamá, la decisión de Petro fue recibida con críticas por parte de varios sectores, que consideran que el exmandatario debería enfrentar los cargos judiciales que se le imputan. Martinelli ha sido una figura controvertida en la política panameña, especialmente desde que se iniciaron los procesos en su contra en 2016.
Por su parte, la Cancillería colombiana expresó su respaldo a la decisión, señalando que el asilo se basa en el principio pro persona y en la tradición humanista del país de proteger a quienes son perseguidos por razones políticas. Esta acción ha dejado entrever las diferencias diplomáticas entre ambos países, pero no parece comprometer la relación cordial que se ha mantenido desde que Mulino asumió el poder.
El futuro de Ricardo Martinelli en Colombia será clave para entender las implicaciones políticas y jurídicas de su asilo. Mientras tanto, sus demandas judiciales continúan y se espera que este tema siga siendo objeto de debate tanto en el ámbito local como internacional.
