El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Quindío rechazó públicamente lo que calificó como un presunto abuso de autoridad por parte del alcalde de Filandia, Duberney Pareja, durante el desalojo del comerciante Nicolás Cuéllar, ocurrido el pasado 8 de mayo de 2025 en ese municipio del norte del departamento.
En un pronunciamiento oficial, el organismo cuestionó tanto el procedimiento ejecutado bajo el Decreto 0115 de 2024, como las declaraciones del alcalde, quien en medios de comunicación habría señalado a líderes sociales y comerciantes con términos estigmatizantes, refiriéndose a ellos con alias y expresiones propias del lenguaje delincuencial.
El Consejo señaló que la actuación podría haber vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución, al no respetarse las garantías mínimas establecidas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia sobre desalojos. “Nada justifica la violación de derechos humanos bajo el argumento de la defensa del espacio público”, afirmó el Consejo, que exhortó al alcalde Duberney Pareja a entablar un diálogo con los comerciantes y la comunidad, con el fin de evitar nuevos episodios que puedan atentar contra la convivencia y la paz territorial.
Además del respaldo al comerciante afectado, el Consejo de Paz se sumó a la alerta temprana emitida por la diputada quindiana Jessica Obando, quien advirtió sobre los riesgos sociales que se están generando en el municipio y pidió medidas urgentes para proteger la integridad del periodista Harol Ruiz Restrepo, director del medio digital 180 Grados Quindío. Según se conoció, el comunicador fue blanco de señalamientos públicos por parte del alcalde, en una acción que ha encendido las alarmas por la posible vulneración a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico.
El pronunciamiento cierra con un llamado enfático a los mandatarios locales para que respeten la Constitución, la ley y los derechos ciudadanos, y para que privilegien el diálogo por encima de la confrontación, en un momento en el que la institucionalidad debe ser garante de la convivencia y no promotora del miedo o la división.
