El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia ordenó a la ciudadana Mariana Chalela Londoño retirar un video publicado en redes sociales en el que cuestionaba duramente a la congresista Sandra Bibiana Aristizábal Saleg y señalaba su cercanía con el actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
En la grabación, difundida en plataformas como Facebook y TikTok, Chalela afirmó que Benedetti representaba todo lo “podrido” en la política colombiana y expresó que, como quindiana, sentía vergüenza, rabia y dolor al ver a la congresista “sonriendo y posando” junto a él. Sus expresiones, cargadas de un tono crítico y directo, fueron consideradas por el despacho judicial como desbordadas de los límites de la crítica legítima y convertidas en ataques personales.
El fallo concluyó que las palabras de Chalela vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de Aristizábal, ordenando así el retiro inmediato del video y advirtiéndole abstenerse de conductas similares en el futuro. La congresista, por su parte, aseguró que el debate político debe desarrollarse bajo parámetros de respeto, sin descalificaciones que afecten la dignidad personal.
Chalela rechazó la decisión y anunció que será impugnada. Sostuvo que sus cuestionamientos forman parte de un ejercicio ciudadano de crítica política, amparado en la libertad de expresión, y que no pueden interpretarse como un delito. “No he vulnerado ninguna norma, he cuestionado con argumentos la cercanía de una congresista con un ministro que representa lo más cuestionado de la política nacional”, recalcó.
Su abogado, Sebastián Alzate Galeano, denunció que en los últimos días Chalela ha recibido mensajes y advertencias que podrían poner en riesgo su seguridad, responsabilizando públicamente a quienes insistan en hostigarla. Anunció, además, acciones legales para prevenir cualquier atentado contra sus derechos fundamentales.
El caso despierta un intenso debate sobre los límites entre la crítica política y la protección del buen nombre. Analistas advierten que, si bien es legítimo proteger la dignidad de las personas, fallos de este tipo pueden sentar precedentes que restrinjan la libertad de expresión, generando un clima de censura y debilitando el derecho ciudadano a vigilar y cuestionar a los funcionarios públicos.
