Más de un año después del trágico accidente ocurrido en el Puente Helicoidal, en la vía que comunica a Calarcá con Cajamarca, donde perdieron la vida diez personas y otras once resultaron heridas, la Superintendencia de Transporte impuso una millonaria sanción contra la empresa de transporte especial TRANS LOGYTOUR S.A.S., responsable de operar el vehículo involucrado en el siniestro.
La decisión, anunciada mediante un comunicado oficial, establece una multa de 211.745.700 pesos y la cancelación de la habilitación de la compañía para prestar el servicio público de transporte especial, tras encontrar múltiples incumplimientos relacionados con la seguridad vial y las obligaciones legales que deben cumplir las empresas del sector.
Sin embargo, la autoridad otorgó un plazo de tres meses para que la empresa corrija las irregularidades detectadas durante el proceso administrativo, antes de que la cancelación de la habilitación se haga efectiva.
El accidente ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando un bus que transportaba estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Alexander von Humboldt, que realizaban una salida académica de la Facultad de Ingeniería, perdió el control en el Puente Helicoidal y chocó contra las barreras de protección. El impacto provocó que varios ocupantes fueran expulsados del vehículo, dejando como saldo diez personas fallecidas -entre ellas siete estudiantes, dos docentes y un comunicador social- además de once lesionados.
Las irregularidades
Durante la investigación administrativa, la Superintendencia determinó que TRANS LOGYTOUR S.A.S. incurrió en cinco incumplimientos que comprometían la seguridad en la prestación del servicio.
Entre ellos se encuentran la omisión y el reporte tardío de las infracciones cometidas por sus conductores en el sistema VIGÍA, la entrega incompleta de información sobre el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), la falta de implementación integral de dicho plan, el registro de una dirección diferente a la sede principal de la empresa y la omisión en la actualización oficial de su domicilio ante las autoridades competentes.
La entidad también desestimó los argumentos presentados por la empresa, que aseguró utilizar oficinas virtuales por razones de seguridad y orden público, al considerar que existían suficientes pruebas para establecer su responsabilidad administrativa.
La sanción no define responsabilidades penales
La Superintendencia aclaró que esta decisión corresponde exclusivamente al ámbito administrativo y no determina responsabilidades penales por el accidente, proceso que continúa bajo la competencia de las autoridades judiciales.
El director de Investigaciones de Tránsito y Transporte, Luis Carlos Quintero, señaló que la medida busca garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio de transporte especial.
“Esta Superintendencia vela por el principio de seguridad y la actividad transportadora. En ese sentido, impuso una sanción de 212 millones de pesos y la cancelación de la habilitación, previo requerimiento tal como lo señala la ley”, afirmó el funcionario.
Un precedente en materia de seguridad vial
La investigación administrativa fue abierta pocos días después del accidente mediante la Resolución 10539 del 30 de mayo de 2025. Tras evaluar las pruebas y los descargos de la empresa, la autoridad concluyó que las faltas fueron acreditadas y procedió a imponer la sanción.
La Superintendencia reiteró que la seguridad vial constituye uno de los ejes fundamentales de su labor de inspección, vigilancia y control, por lo que continuará adoptando medidas para garantizar la protección de los usuarios del transporte público y exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas habilitadas para prestar este servicio.
