La hijastra del primer mandatario lo denunció por abuso sexual reiterado cuando ella era menor, pero fue absuelto por la justicia en apenas cuatro días. Ese caso es el más emblemático de un país con pésimos registros en materia de derechos de niños y mujeres
La denuncia por violación de un colectivo de actrices argentinas contra el actor Juan Darthés ha derivado en un terremoto político en el sur de nuestro continente, que rápidamente fue emparentado con la denuncia original que derivó en el movimiento #MeToo, en Estados Unidos.
Tal como dijeron durante la conferencia de prensa celebrada el martes, la denuncia penal fue radicada en la Unidad Especializada de delitos contra la Violencia de género del Ministro Público Nicaragüense. La víctima, la actriz Thelma Fardin, era menor de edad al momento del episodio, que ocurrió durante una gira por Nicaragua del programa de TV “Patito Feo” en el año 2009.
A partir de este caso, todas las miradas apuntan al norte. ¿Cómo funciona la justicia en este pequeño país centroamericano con uno de los mayores índices de violencia contra mujeres y niñas, y donde hasta el presidente, Daniel Ortega, fue denunciado por violación por parte de su hijastra?
En efecto, el escenario no parece alentador. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Nicaragua posee los peores índices del continente en materia de derechos de las mujeres y niñas.
En junio de 2017, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley número 779) por orden de Daniel Ortega, que reducía a la esfera privada el alcance de la definición de femicidio, con lo cual limitaba ese delito a las relaciones entre cónyuges o integrantes de otro tipo de pareja sentimental.
Entonces, también se introdujo la figura de la mediación para resolver conflictos -en lugar de denunciar delitos- y se crearon con el mismo objetivo una serie de órganos llamados “Consejerías Familiares” que, de acuerdo a las organizaciones de mujeres locales, estaban controlados por la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo (madre de Zoilamérica Narváez, la hijastra del presidente que lo denunció).
Fuente: Infobae
