Un hecho de extrema violencia ocurrido en Chinchiná, Caldas, ha generado rechazo e indignación entre la ciudadanía. El pasado 22 de noviembre de 2024, una mujer fue brutalmente atacada con 22 puñaladas por un hombre con quien sostenía encuentros sexuales esporádicos. A pesar de la gravedad del ataque, la Fiscalía decidió cambiar la imputación inicial de tentativa de feminicidio por tentativa de homicidio, lo que podría traducirse en una reducción significativa de la pena.
El agresor esperó el momento en que la víctima le dio la espalda para arremeter contra ella con un cuchillo. Según el testimonio de la mujer, él le manifestó su intención de matarla, ignorando sus súplicas. Aun así, logró escapar de la vivienda y pedir auxilio a sus vecinos, quienes le salvaron la vida.
Inicialmente, el caso fue abordado por la Fiscalía como un intento de feminicidio y acceso carnal violento. Sin embargo, el ente acusador argumentó que las pruebas recolectadas no cumplían con los criterios jurídicos para considerarlo un ataque motivado por la condición de mujer de la víctima, ya que, según indicó, ese día habrían sostenido relaciones consensuadas.
La Procuraduría no comparte esta decisión. Durante la audiencia preparatoria se expondrá la preocupación por el cambio en la calificación del delito, sobre todo porque la eventual condena sería mucho menor. Desde ese organismo insisten en que no están claras las razones para descartar el enfoque de violencia de género en este caso.
Por su parte, la defensa de la víctima respaldó la postura de la Fiscalía, argumentando que existía una relación paralela de la mujer con otra persona. Sin embargo, más allá del debate jurídico, se reconoce que se trató de un ataque agravado, cometido con sevicia y aprovechando el estado de indefensión de la víctima.
Este sujeto no es un desconocido para las autoridades. Tiene a cuestas al menos ocho condenas previas en los departamentos de Caldas y Tolima, por delitos como hurto calificado y agravado, violencia contra servidor público, tráfico de estupefacientes y hasta destrucción de comunicaciones oficiales. En 1998, mientras se encontraba en la cárcel de Cajamarca, agredió a golpes al director del penal.
La víctima sufrió graves lesiones en cuello, brazos y tórax, que comprometieron seriamente su vida. Según la tipificación actual del delito, el agresor podría enfrentar una pena de entre 13 y 20 años de prisión. Sin embargo, la decisión de no tratar el caso como un intento de feminicidio ha encendido las alarmas sobre la manera en que el sistema judicial colombiano está respondiendo frente a hechos de violencia extrema contra las mujeres.
