El Gobierno de Colombia se pronunció frente al reciente anuncio del Ejecutivo de Ecuador sobre la derogación, a partir del 1 de junio de 2026, de las medidas arancelarias impuestas al comercio bilateral entre ambos países, señalando que dicha decisión no obedece a dinámicas políticas ni coyunturales, sino al cumplimiento de obligaciones internacionales dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN).
En un comunicado oficial, el Gobierno colombiano precisó que la eliminación de los aranceles y otras restricciones comerciales en Ecuador responde a órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN mediante resoluciones que establecían la obligación de desmontar dichas medidas, consideradas contrarias al ordenamiento jurídico andino.
Según Bogotá, atribuir esta decisión a factores electorales “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede generar interpretaciones erróneas que afecten la confianza de los sectores productivos y el desarrollo normal de las relaciones económicas entre ambos Estados.
Colombia también advirtió que las medidas adoptadas de manera unilateral por Ecuador durante los últimos meses habrían contrariado principios del derecho comunitario andino, afectando el comercio intrarregional, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas sociales y productivas en las zonas de frontera.
El pronunciamiento añade que distintos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), habrían advertido sobre los riesgos económicos asociados a la permanencia de restricciones comerciales, señalando posibles impactos en la competitividad, el empleo y el bienestar de las comunidades fronterizas.
En ese contexto, el Gobierno colombiano reiteró que el restablecimiento de las condiciones previstas en el marco normativo andino representa un avance clave para fortalecer el proceso de integración regional y la confianza mutua entre ambos países.
Sin embargo, Bogotá expresó su preocupación por declaraciones públicas que podrían vincular decisiones económicas y comerciales con procesos políticos internos o campañas electorales, lo cual, según el comunicado, podría generar incertidumbre y afectar la estabilidad de los mercados y la relación bilateral.
El Gobierno colombiano fue enfático en señalar su “categórico rechazo” a lo que calificó como una “engañosa presentación” del levantamiento de los aranceles como un acto de buena voluntad del gobierno ecuatoriano, al considerar que la decisión responde a disposiciones de la CAN.
Asimismo, rechazó lo que consideró una eventual injerencia en el proceso electoral colombiano, señalando que este tipo de manifestaciones vulneran el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y representan una amenaza a la soberanía nacional.
Finalmente, Colombia reiteró que las decisiones comerciales deben regirse exclusivamente por criterios técnicos, jurídicos e institucionales, y anunció que, en coherencia con la normalización de las condiciones comerciales, también procederá a derogar las medidas adoptadas en respuesta a las restricciones ecuatorianas.
