Luego de la petición de una fiscalía especializada de Armenia (Quindío), un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a 32 personas señaladas de pertenecer a una organización delincuencial conocida como Los So, La Línea de La Muerte o La Nueva Generación.
Esta estructura estaría dedicada a la comercialización de estupefacientes como marihuana regular y tipo cripy; bazuco, cocaína y sus derivados, en Montenegro (Quindío). Igualmente se le atribuye la comisión de 23 homicidios agravados.
Se trata de Leidy Yuliana Posada Mejía, Kevin González Torres, Carlos Alberto Quintero García, William Alexánder Román Quiroga, Yuliam Giraldo Giraldo, Brandon Estiwar Alzate López, Jorge Alberto Taborda Jiménez, Michel Mora Uribe, Eduar Julián Montes López, Yesica Andrea Gutiérrez López, José Mario Rodas Marín, Jhon Anderson Arango Buitrago, Pedro Luis Quiroga Díaz y Ángela María Ramírez Marín.
Igualmente, Cristian Camilo Torres Cañas, Óscar Eduardo Román Valencia, Patricia Sánchez Castañeda, Jhon Edwin Londoño Taborda, Brayan Estiven Ruíz Marín, Jesús Esteban Hernández Gaviria, Yesid Arnoby Hernández Gaviria, Leidy Julieth Uribe Morales, José Albeiro Hoyos González, Fabián Román Quiroga, Génesis Yulitza Urbano Redondo, Luz Estella Fino Ríos, Fransury Gallego Pulgarín, Yolanda Tangarife García, Alexánder Franco Martínez, Sandra Janeth Muñoz Loaiza, Víctor Alfonso Montoya Buriticá y Daniel Stiven Benavides Vásquez.
A los procesados la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, partes y/o municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y utilización de menores para la comisión de delitos, los cuales ninguno aceptó.
Los argumentos presentados por el ente acusador fueron acogidos por el fallador que no pasó por alto que la conducta punible del tráfico de estupefacientes ha desencadenado, según el relato de la Fiscalía, otra serie de hechos delictivos como los homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, entre otros.
La mayoría de las víctimas de estas conductas serían quienes incumplieron lo exigido por la organización que domina el negocio ilícito de las drogas en el municipio. En lo corrido del año se ha incrementado el homicidio, atribuyéndosele a este grupo no menos de 23 crímenes, que se presumen ejecutaron con el fin de tomar el control del tráfico local de estupefacientes.
Por esta razón y con el objeto de lograr una acción contundente en contra de esta banda, se empezaron a desarrollar programas metodológicos y órdenes a policía judicial emitidas por la fiscalía especializada delegada para el caso, desde el 3 de marzo del año 2016.
En desarrollo de la investigación se logró identificar a los integrantes de la estructura, su modus operandi y el rol que cada persona cumplía al interior de la organización.
Dentro de las actividades de policía judicial que se realizaron se acudió a la realización de interrogatorios, reconocimientos en álbum fotográfico, entrevistas, inspecciones a lugar de los hechos, consulta a entidades públicas, análisis link e interceptación de líneas telefónicas, logrando así la solicitud de 40 órdenes de captura, materializando finalmente 32, más una captura en flagrancia. Las aprehensiones se efectuaron en Cartago y El Dovio (Valle del Cauca), Puerto Caldas (Risaralda) e igualmente en Armenia y Montenegro (Quindío).
Los integrantes del grupo usarían la modalidad de maneo para ocultar la droga en zonas de difícil acceso para las autoridades, cambiando de expendedor periódicamente, en relevos o por turnos de trabajo, suministrando cantidades mínimas para evitar ser judicializados.
La sustancia era escondida en huecos de paredes, en el suelo, debajo de piedras, dentro de empaques de basura, en sus partes íntimas, entre otros sitios. Esta banda contaría con proveedores de la sustancia en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Caquetá.
Para el transporte de los estupefacientes y armas de fuego ellos utilizaban la mayoría de veces a mujeres, menores de edad y personas con aspecto descuidado o consumidores, para evadir los controles policivos.
Se investiga si Juan Carlos Caro, alias Caliche, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario de La Dorada (Caldas), y de quien se presume es su cabecilla, delegaría funciones a sus colaboradores en las actividades delictivas de comercialización de sustancias y la comisión de homicidios entre los años 2015 y 2016, en contra de las personas que no acataban sus órdenes o contrariaban su régimen.
