Cuando una noticia se difunde mal desde el principio, corregir el rumbo se vuelve casi imposible. Eso es exactamente lo que ha sucedido con el escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de Vías, Invías, un caso en el que la supuesta “testigo estrella”, María Alejandra Benavides, ha sido vinculada a una información que ella misma asegura no haber entregado.
Comenzando por La FM, los medios de comunicación han insistido en que Benavides, quien se desempeñó como enlace entre el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, habría revelado una lista de 28 congresistas involucrados en direccionamiento de contratos de Invías. Sin embargo, su abogado, Jaime Andrés López, fue tajante en una entrevista concedida a La W Radio: ella no elaboró ni entregó ese listado. En declaraciones al periodista Juan Diego Alvira, en el programa Sin Carreta, López desmintió la versión que se ha difundido y cuestionó el origen de esa lista. Además, aclaró un punto clave que ha pasado desapercibido en la cobertura mediática: Benavides no era asesora en propiedad, sino que realizaba un reemplazo temporal durante el periodo vacacional de la titular del cargo. (El abogado envió un comunicado que adjunto en esta columna)
A medida que el escándalo avanza, algunos medios han señalado que este caso podría superar en gravedad y magnitud al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el cual representó pérdidas por $280.000 millones en actos de corrupción y presuntos pagos a congresistas. Si las denuncias sobre la manipulación de contratos en Invías resultan ciertas, el país estaría frente a una estructura aún más grande de direccionamiento de recursos públicos.
¿Entonces, de dónde salió la información? ¿Quién la filtró? ¿Y por qué la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia con base en ese documento?
Aquí es donde el caso se enreda y comienzan las dudas. La presunta testigo clave desmiente el dato fundamental sobre el que gira toda la acusación, lo que plantea un grave problema: si la lista no fue elaborada por ella, ¿es veraz? ¿Es fiable la compulsa de copias enviada a la Corte? ¿Se está involucrando a congresistas en un escándalo sin sustento real?
Habló Sandra Bibiana
En esa lista figura la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal. Ante la gravedad del caso, en un principio, optó por guardar silencio por recomendación de sus abogados, una decisión comprensible cuando las versiones sobre los hechos son contradictorias. Su inclusión en una lista cuyo origen no está claro pone en riesgo su reputación sin que existan pruebas concretas en su contra. En este punto decidió conversar en exclusiva con FINITO.
FINITO: ¿Cómo ha estado, congresista?
Sandra Bibiana Aristizábal: “Un saludo muy especial para usted, Óliver, y para toda la audiencia de Finito. Agradezco este espacio que me permite dirigirme a los quindianos y compartir información que espero sirva para dar claridad sobre el tema”.
FINITO: “Teniendo en cuenta que el abogado de María Alejandra Benavides desmintió que ella sea testigo contra 28 congresistas señalados por presuntos actos de corrupción en el Invías y aseguró que su clienta solo entregó información en calidad de colaboración, pero que no tiene conocimiento de responsabilidades penales en su contra, ¿usted qué piensa del escándalo que se ha abierto en Colombia?”.
Sandra Bibiana Aristizábal: “Para empezar, solo desde el pasado viernes, cuando me encontraba ya en Armenia, supe del tema a través de los medios de comunicación. Conozco lo mismo que conoce todo el país… También en el tema del comunicado de prensa y las declaraciones del abogado de María Alejandra Benavides al periodista Juan Diego Álvira en La W, este fin de semana. En ese contexto, es preciso recordar que en Colombia, las instituciones judiciales son las llamadas a investigar y esclarecer cualquier señalamiento, y confío plenamente en que actuarán con el rigor que corresponde”.
FINITO: “¿Cómo es el procedimiento que hacen ustedes los congresistas para solicitar apoyo a las regiones? ¿Esa gestión puede ser tomada como una injerencia con visos de corrupción o por el contrario simplemente puede ser catalogada como una gestión propia de la labor de los congresistas? ¿Dónde cree usted que se puede cruzar esa línea?
Sandra Bibiana Aristizábal: “Ante todo, hay que aclarar que los congresistas solo podemos hacer gestión para las regiones cuando los proyectos ya están viabilizados por el gobierno nacional con los gobiernos locales. Deben estar incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo… Solo así se puede hacer acompañamiento a la parte institucional de la región, que hace parte de mis funciones y deberes como congresista de la República, contemplados en el artículo 283 numeral 6 y 8 de la ley 5 de 1992, avalados por la sentencia C-497-94 de la Corte Constitucional. Los congresistas hacemos un acompañamiento a los diferentes sectores de la región, desde alcaldes, gobernadores, hasta gremios, para que sean escuchados, se hagan mesas de trabajo y demás… Yo considero que eso en eso no hay ninguna violación de la norma”.
FINITO: ¿Algún día tuvo contacto con la señora Benavides como asesora del entonces ministro Bonilla o con otra asesora enlace del ministerio? ¿Y qué gestiones ha hecho ante Invías?
Sandra Bibiana Aristizábal: “Sí, tuve contacto con ambas damas y siempre dentro del marco institucional. Todo se concentró en la solicitud de citas con el ministro para tratar, ejemplo, la emergencia económica generada por la caída del puente Barragán, que conecta al Quindío con Caicedonia, Valle del Cauca. Otro ejemplo: gestionar una reunión con el director de la DIAN sobre el tema del impuesto al consumo, el Impoconsumo. Siempre el contacto se suscitó en el marco de mis funciones como representante a la Cámara y con el objetivo de buscar soluciones a las necesidades de la región”.
FINITO: “¿Siente que se ha manejado bien este proceso?”
“Quiero ser clara: Soy respetuosa de la libertad de prensa y del derecho a la información, pero también reconozco el impacto que tienen los medios de comunicación en la opinión pública. Por eso, hago un llamado a que las informaciones se emitan con rigor y mesura, evitando juicios apresurados que pueden afectar la honra de las personas”.
“Observé con extrañeza que con mucha rapidez muchos de los medios nacionales y regionales publicaron la noticia el viernes pasado, pero aún no han relacionado la versión y declaraciones del abogado de la señora Benavides”.
“A pesar de esto, seguiré enfocada en mi labor de servicio a la comunidad, gestionando iniciativas que impulsen el desarrollo del Quindío y fortaleciendo los lazos entre la región y las instancias nacionales”.
“Finalmente, aclaro que aún no he recibido ninguna notificación de los organismos competentes sobre este tema. Desde luego, en Bogotá revisaré esta situación, porque siempre he sido y seguiré siendo respetuosa de la justicia. Mientras tanto, sigo trabajando con el mismo compromiso de siempre, como lo demostré este fin de semana en mi Quindío, recorriendo Armenia, La Tebaida y Córdoba, dialogando con líderes sociales y compartiendo con la comunidad”.
En manos de un magistrado
El proceso judicial, que parte de una mentira, ha tomado un rumbo clave: la compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde quedó en manos del magistrado César Reyes. Será esta instancia la que determine si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas mencionados, lo que podría derivar en la pérdida de investidura o en procesos penales.
Todo indica que en Bogotá están en una pura y dura cacería de brujas; esta situación lo sugiere. Si la lucha contra la corrupción se basa en evidencias y procesos judiciales legítimos, es un deber respaldarla. Pero si lo que estamos viendo es una estrategia para desprestigiar a ciertos congresistas y manipular la opinión pública, entonces estamos frente a un problema aún más grave que la corrupción misma: el uso de la justicia como arma política.
Este no es solo un escándalo de corrupción, sino también un escándalo de manipulación informativa. La Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer cómo llegó a manejar un listado que su supuesta fuente niega haber entregado. Si hay congresistas que realmente incurrieron en corrupción, es fundamental que se les investigue con pruebas sólidas. Pero si esta lista es un montaje o una filtración sin fundamento, entonces estamos ante un caso de desinformación.
La lucha contra la corrupción debe ser firme, pero también debe ser justa y basada en hechos comprobables. No se puede permitir que un escándalo de esta magnitud avance con huecos en la historia y dudas sobre las pruebas. La Corte Suprema tendrá que analizar con lupa cada nombre incluido en esa lista cuya autenticidad está en entredicho. Mientras tanto, apoyado en la verdad, aquí FINITO, ¿allá quién?
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