¡Atención motociclistas del Quindío! Una nueva norma endurece las sanciones para quienes alteren los niveles de ruido de sus motos. Se trata de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley Antirruido, que ya es una realidad en todo el país y busca controlar el impacto ambiental y de convivencia generado por motocicletas con modificaciones en sus sistemas de escape.
Con la entrada en vigor de esta ley, quienes alteren o deterioren el sistema de escape de su motocicleta se enfrentarán a sanciones económicas que no son menores. La multa C28 establece un pago de $604.000 por circular con dispositivos que aumenten el ruido del motor o con el silenciador en mal estado o retirado. Por su parte, la infracción D17, aún más severa, contempla una multa de $1.208.000 por superar los niveles de emisión sonora o contaminante establecidos. Además de las multas, las autoridades de tránsito podrán inmovilizar las motocicletas que excedan los niveles de ruido permitidos, que actualmente son de 86 decibeles.
El uso de motocicletas en Colombia dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad imparable en las vías. Solo en marzo de 2025 se registraron más de 84.000 nuevas matrículas, un crecimiento del 45,76 % frente al mismo mes del año anterior, y un aumento del 4,52 % en comparación con febrero de este mismo año. Si bien esta expansión representa una alternativa de movilidad para miles de ciudadanos, también ha traído consigo serios problemas de convivencia, principalmente por el aumento del ruido en las calles, especialmente en horas de la noche.
Frente a las constantes quejas de la ciudadanía, el Congreso de la República aprobó esta nueva ley, impulsada por el representante a la Cámara Daniel Carvalho y el abogado ambientalista Camilo Quintero, buscando frenar las modificaciones ilegales que incrementan el ruido de las motocicletas. Aunque la legislación también regula otras fuentes de ruido como maquinaria pesada, reuniones privadas y zonas de rumba, uno de sus principales objetivos son las motos, especialmente aquellas que alteran el sonido original de fábrica.
El Ministerio de Transporte será el encargado de reglamentar los parámetros técnicos y definir los niveles máximos de ruido permitidos para los vehículos de dos ruedas en todo el país. Particularmente, aquellos motociclistas que retiren el silenciador o modifiquen los sistemas de escape estarán en la mira de las autoridades. Superar los 86 decibeles se considerará falta grave y podrá desencadenar no solo en sanciones económicas, sino en la inmovilización del vehículo.
El Gobierno estableció un periodo pedagógico de seis meses para socializar la nueva ley. Durante este tiempo se realizarán campañas de concientización dirigidas a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de ruido y las consecuencias de su incumplimiento. Una vez finalizado este periodo, las sanciones comenzarán a imponerse de manera estricta, y las multas podrían alcanzar hasta 16 salarios diarios legales vigentes, equivalentes este año a $759.200.
El crecimiento masivo del parque automotor de motocicletas no parece detenerse en el corto plazo, pero medidas como la Ley Antirruido buscan garantizar que el derecho a la movilidad no se convierta en una fuente de malestar para el resto de la población.
Desde Quindío Noticias hacemos un llamado a los motociclistas del departamento a actuar con responsabilidad: revisar sus vehículos, abstenerse de realizar modificaciones ilegales y contribuir a construir ciudades más silenciosas y respetuosas del bienestar colectivo.
