La comunidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, vive momentos de dolor e indignación tras conocerse las graves denuncias de abuso sexual a varios niños de entre 2 y 3 años dentro del jardín infantil Canadá Sede F, operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Al menos 12 niños habrían sido víctimas de agresiones por parte de un docente, identificado por las familias como Freddy Castellanos. Medicina Legal ya confirmó siete casos y algunos familiares temen que la cifra de afectados supere la decena. Incluso, se reportó que dos niños dieron positivo para VIH, lo que agrava la tragedia.
El ICBF, tras una inspección y el inicio de una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, decretó el cierre temporal del jardín y anunció que el trabajador señalado fue retirado del cargo mientras avanzan las pesquisas. También se activó la ruta de atención psicosocial para las familias de las víctimas.
La situación se hizo pública cuando padres y acudientes, alarmados por los relatos de sus hijos y la falta de respuestas del jardín, se congregaron frente a la sede con pancartas y exigencias de justicia. Denuncian que las directivas del hogar infantil conocían las señales de abuso desde hacía varios días y no activaron los protocolos de protección.
Margie Espinel, madre de una de las niñas afectadas, relató entre lágrimas cómo su hija le confesó que el profesor la besaba en la boca y le hacía tocamientos indebidos. “A pesar de las denuncias, el profesor siguió trabajando como si nada. Las directivas intentaron encubrir todo. Incluso salieron a decir que el profesor era un hombre de honor”, aseguró.
Los testimonios recogidos revelan que los abusos habrían ocurrido en los baños, cafetería y salones del plantel. “Van siete casos confirmados, pero sabemos que hay más niños afectados”, agregó Espinel.
Aunque las imágenes del hombre señalado se han viralizado en redes sociales, muchos exigen que su captura se haga efectiva cuanto antes. Las autoridades judiciales avanzan en el proceso, mientras que la comunidad pide que también se investiguen posibles encubrimientos por parte del personal del jardín.
El caso ha encendido un debate nacional sobre la responsabilidad institucional y la urgente necesidad de reforzar los controles y protocolos en los centros de atención infantil del país.
