Óscar Camargo, conocido como alias ‘Pichi’, ha sido liberado tras ser designado, al parecer, como gestor de paz por el Gobierno Nacional, una decisión que ha generado una fuerte controversia debido a su historial delictivo, que incluye múltiples homicidios vinculados al tráfico de estupefacientes en Bucaramanga. ‘Pichi’ es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la región y el ‘Pablo Escobar’ de esta.
Camargo, quien había estado recluido en la cárcel La Tramacúa en Valledupar, fue liberado hace tres meses y actualmente forma parte de una comisión de 15 jefes criminales que participan en los diálogos de paz promovidos por el presidente Gustavo Petro. Como gestor de paz, su rol es trabajar para desarticular bandas criminales y someterse a la justicia colombiana, con la condición de no volver a delinquir.
Sin embargo, su liberación ha sido objeto de duras críticas, especialmente por parte del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien señaló que el aumento de homicidios en la ciudad está relacionado con disputas entre bandas dedicadas al microtráfico, entre ellas, la organización de ‘Pichi’, Los de San Rafa. Según el alcalde, la liberación de Camargo ha fortalecido a estas estructuras delictivas.
Pese a su designación como gestor de paz, el abogado y defensor de derechos humanos, William Cristancho, aclaró que Camargo deberá responder ante la justicia por los delitos cometidos, ya que la figura de gestor de paz no implica una amnistía ni un indulto. Además, alias ‘Pichi’ tiene prohibido ingresar a Santander, donde delinquió durante años.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha reiterado que los procesos judiciales en contra de estos gestores no se suspenden ni finalizan, y que deberán comparecer ante las autoridades en caso de ser requeridos. Mientras tanto, la comunidad de Bucaramanga sigue preocupada por el impacto de esta decisión en la seguridad de la ciudad, donde las bandas delictivas continúan enfrentándose por el control del microtráfico.
Ante esto, la Comisión de Paz del Congreso de la República pidió al presidente de la república que dé mayor claridad sobre este caso. Sus miembros han manifestado la preocupación ante la posibilidad de que personas con antecedentes tan graves sea así beneficiadas con la figura de gestores de paz y reciban ‘privilegios’.
