La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en Colombia, que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
De acuerdo con el monitoreo de la entidad, al menos diez grupos armados ilegales están implicados en esta crisis, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias comandadas por alias “Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, así como organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
Chocó: epicentro de la violencia y el desplazamiento
Uno de los escenarios más críticos se registra en la subregión del San Juan, Chocó, donde desde el pasado 4 de febrero se presentan enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. “Por primera vez, tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, señaló Marín Ortiz.
A esto se suma la declaración de un paro armado de 72 horas por parte del ELN, a partir del martes 18 de febrero, lo que ha agravado el confinamiento de comunidades debido a la prohibición de navegación en la zona. Además, la presencia de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas representa una grave amenaza para la población civil. Hasta el momento, al menos 1.600 personas han sido víctimas de desplazamientos y confinamientos en la región, con especial preocupación por la situación del pueblo Wounan, que enfrenta severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos.
Expansión de los grupos armados
Además del Chocó, la Defensoría ha identificado emergencias humanitarias en Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, este último en alto riesgo de cara a las elecciones atípicas del próximo 23 de febrero.
“El 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”, enfatizó la Defensora del Pueblo.
Llamado urgente a las autoridades
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades afectadas, teniendo en cuenta las alertas tempranas emitidas por la institución. Asimismo, solicitó a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas en riesgo.
Por otra parte, exigió a los grupos armados ilegales cesar las violaciones al derecho internacional humanitario, en especial el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También hizo un llamado al Gobierno Nacional para que en las mesas de diálogo exija el respeto por la población civil y la liberación inmediata de menores de edad reclutados por estas estructuras ilegales.
“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”, concluyó Marín Ortiz.
