La Consejo de Estado suspendió de manera provisional el traslado de 25 billones de pesos que el Gobierno nacional había ordenado desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en el marco de la reglamentación del sistema pensional. La decisión se adoptó mediante una medida cautelar de urgencia que frena parcialmente los efectos del Decreto 415 de 2026.
El pronunciamiento se da tras la admisión de una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez, quien cuestionó la legalidad del decreto expedido por el Gobierno. El magistrado Juan Enrique Bedoya decidió darle trámite urgente al caso, argumentando la necesidad de una intervención inmediata ante los posibles efectos irreversibles que podría generar el traslado masivo de recursos del sistema pensional.
La medida judicial pone en pausa el capítulo del decreto que ordenaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir de forma acelerada los ahorros de afiliados que aún no cumplen los requisitos para pensionarse. Según el alto tribunal, los plazos establecidos -de hasta 20 días para ejecutar los giros- y la magnitud de los recursos comprometidos justifican la suspensión mientras se analiza a fondo la legalidad del acto administrativo.
De acuerdo con los argumentos de la demanda, estos recursos deberían permanecer en los fondos privados generando rendimientos hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión. En ese sentido, el Consejo de Estado advirtió que el Gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al intentar modificar las reglas establecidas por la Ley 2381 de 2024, lo que abre un nuevo escenario de incertidumbre jurídica en torno al futuro del sistema pensional en el país
