Un nuevo caso de violencia infantil ha conmocionado a Colombia esta semana. Alexis Delgado, un niño de apenas dos años, fue encontrado sin vida y sepultado en una finca en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. Su cuerpo presentaba indicios de estrangulamiento y agresión sexual.
La noche del jueves, 24 de octubre, las autoridades señalaron como presunto autor del crimen a su tío, quien fue detenido y será procesado por los delitos de homicidio, tortura y abuso sexual. Solo una semana antes, Brayan Campo fue capturado por el asesinato de Sofía Delgado, una menor de 12 años desaparecida desde finales de septiembre en el Valle del Cauca. Estos hechos han estremecido al país y han reavivado el debate sobre el castigo adecuado para quienes cometen crímenes contra niños.
Varios dirigentes políticos, en su mayoría de ideología conservadora, han exigido la cadena perpetua, una pena prohibida por la Constitución. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue una de las primeras en solicitar esta medida para Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado. “Debemos considerar la cadena perpetua para los monstruos que asesinan niños”, expresó la líder del Partido de la U en la red social X, justo el día en que el cuerpo de Sofía fue hallado.
Tres días después, amplió su propuesta en el mismo medio, sugiriendo “una campaña ciudadana para que el Congreso apruebe una ley que condene de por vida a quienes abusen, maltraten o asesinen a un niño”. Esta iniciativa no es nueva en Colombia: en 2010, la política Gilma Jiménez impulsó un referéndum con el mismo propósito. Aunque el proyecto no prosperó, el respaldo a esta propuesta sigue presente.
Una treintena de congresistas de diversos partidos políticos, según un recuento de El Espectador, respaldan la idea de retomar propuestas como la cadena perpetua o la castración química para agresores sexuales. Entre ellos destaca Erika Tatiana Sánchez, presidenta de la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Cámara, quien sugirió evaluar las posibilidades legales para llegar al “ideal” de castigar con “la pena de muerte” a quienes asesinan a menores.
Esta postura cuenta con el apoyo de legisladores de partidos tradicionales, como Julián Peinado, del Partido Liberal, quien afirma que para estos delincuentes no debería haber posibilidad de resocialización.
