Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, realizó una serie de propuestas económicas controversiales que pueden significar grandes cambios para varios sectores económicos de llegar a ser aprobadas.
De estas reformas, solo se conoce hasta ahora hacia donde se pueden dirigir. Algunas sufrirían modificaciones o precisiones.
En primer lugar, frente a la reforma tributaria, que ha venido anunciando el nuevo Gobierno, que eventualmente busca recaudar 55 billones de pesos anuales, el economista Camilo Diaz, Coordinador de la Unidad de análisis del mercado financiero de la Universidad Nacional, opina que una reforma por un monto tan alto puede ser viable, aunque sin duda no es para nada usual.
“La reforma puede ser viable en el sentido de que si se buscan varias fuentes, donde están erosionados los ingresos de la nación, se podría llegar a un meta similar. Aunque hay que tener presente que históricamente en Colombia las reformas tributarias no han superado metas de recaudo superiores a los 13 billones de pesos, algo así como 1.1% del PIB”, dice Diaz.
Además, señala que es una oportunidad para hacer una reforma tributaria estructural diferente a la tradicional que se ha hecho en el país, las cuales han buscado principalmente ajustar el flujo de caja. “Terminan siendo parchecitos y cada 15 meses se están tramitando nuevas reformas tributarias”, expresa.
Los puntos más controvertidos que podrían generar incertidumbre con la reforma, estarían relacionado con un elevado impuesto a la renta sobre las empresas, lo cual desestimularía la inversión.
En segundo lugar, con respecto a la reforma pensional, el mandatario electo propone reconocer la pensión como un derecho que asegure una vida digna a todas las personas en edad de jubilación, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidados en el hogar y a las personas que trabajan por fuera de un contrato laboral formal. Según argumenta, hoy, tres de cada cuatro personas en edad de pensión no tienen ninguna protección en el sistema actual, es decir, tres millones de adultos se encuentran desprotegidos y sin ingresos suficientes.
Para garantizar una pensión para todos, la propuesta es transitar del modelo actual, que adoptó el país en el año 1994 en el que compiten el sistema público (administrado por Colpensiones) y el sistema privado (administrado por fondos privados), hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, complementario en vez de competitivo, basado en la solidaridad social, con el que también espera liberar al menos 13 billones de pesos anuales.
En ese rediseño del sistema, se propone un primer pilar que garantiza un bono pensional de medio salario mínimo a todos los adultos mayores. El segundo pilar requiere que se hagan las cotizaciones obligatorias al régimen público de los trabajadores que perciban ingresos hasta cuatro salarios mínimos (SMLV), es decir Colpensiones. El tercer pilar se compone del excedente de las cotizaciones después de esos primeros cuatro SMLV, que puede hacerse ya sea a Colpensiones o a un fondo privado.
Por otra parte, en materia de trabajo, las propuestas que más llaman la atención, sería la política de empleo garantizado que reconocerá aquellas actividades que el mercado laboral tiende a excluir, como las asociadas a las labores del cuidado, a las acciones en el marco de la emergencia climática o a las vocaciones juveniles, donde la iniciativa privada no está dispuesta a asumir inversiones riesgosas para sus propósitos.
Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado. Así, el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado.
Y finalmente, en cuanto a la salud en lo público, el Estado garantizará el derecho fundamental a la salud a través de un sistema “único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo, descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de pago, la rentabilidad económica ni de la intermediación administrativa y financiera”.
Una de las preocupaciones respecto al tema, es centrar la acción en salud en la red pública, lo cual podría ocasionar que se reduzca la oferta de salud privada y no sabría uno como mitigar ese riesgo que es alto; El pago a los hospitales basado en presupuestos históricos lo cual crea barreras financieras y de oportunidad que ya se transitaron en el pasado.
Fuente consutada: Colprensa
