Colombia podría enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras en 2027 si el Congreso no aprueba antes de finalizar este año la Ley de Rescate Económico. Así lo advirtieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes señalaron que la falta de un ajuste fiscal pondría en riesgo la financiación del Estado y el cumplimiento de sus compromisos.
La advertencia fue planteada durante una entrevista con la revista Semana, en la que los funcionarios defendieron el proyecto presentado por el Gobierno y expusieron las consecuencias que, según sus proyecciones, podría enfrentar el país si la iniciativa no avanza en el Legislativo.
“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, afirmó Restrepo.
Según el vicepresidente, ese escenario podría traducirse en dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas que necesita el país.
Por su parte, el ministro de Hacienda aseguró que el Gobierno debe financiar un déficit estimado entre 80 y 90 billones de pesos. Advirtió que, sin las medidas propuestas, habría dificultades para cubrir el Presupuesto General de la Nación de 2027 y mantener el funcionamiento de las entidades estatales.
La Ley de Rescate Económico contempla diferentes medidas de ajuste, entre ellas recortes al gasto público, modificaciones tributarias y mecanismos de devolución del IVA. También incluye cambios en los aportes al sistema de salud y otras disposiciones que el Ejecutivo considera necesarias para conseguir recursos y reorganizar las finanzas públicas.
Aunque el Gobierno inició el trámite ordinario del proyecto en el Congreso, Gómez dejó abierta la posibilidad de solicitar mensaje de urgencia si los tiempos legislativos resultan insuficientes. El ministro insistió en que la iniciativa debe ser aprobada antes de terminar 2026.
Restrepo, por su parte, manifestó que el Ejecutivo está dispuesto a asumir el costo político que implique la propuesta, al considerar que las decisiones económicas deben tomarse para evitar un escenario fiscal más complejo.
La iniciativa ahora enfrenta el debate en el Congreso, donde deberán analizarse sus medidas, alcances y efectos. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de aprobarla, serán los legisladores quienes tendrán la responsabilidad de discutir y decidir sobre una propuesta que tendría consecuencias directas en las finanzas públicas y en el funcionamiento del Estado.