Una nueva controversia sacude la contratación pública en el departamento. El senador Ariel Ávila y la exconcejal Stefany Gómez denunciaron públicamente lo que calificaron como una posible “valorización 2.0”, al advertir presuntas irregularidades en convenios tecnológicos que superan los $101.735 millones en cuatro alcaldías del Quindío.
De acuerdo con una investigación publicada por la revista Semana, los contratos fueron estructurados en Armenia, Calarcá, Filandia y Quimbaya mediante convenios interadministrativos. Aunque esta figura es legal, expertos consultados advierten que su uso reiterado en procesos de alto valor podría limitar la pluralidad real de oferentes.
Según la publicación, la revisión de contratos en Secop, registros empresariales y estudios previos evidenciaría coincidencias técnicas y presupuestales en las cotizaciones utilizadas para estructurar los valores base. En particular, se menciona la participación reiterada de las empresas RedSumma, SIEC e Investech en distintas vigencias y municipios.
El informe periodístico también advierte sobre posibles sobrecostos por $19.846 millones en la adquisición de tabletas, pantallas interactivas y licencias de software, además de $15.071 millones asociados a diplomados, capacitaciones y acompañamientos técnicos. En total, se habla de $34.917 millones en posible riesgo fiscal, aclarando que esta cifra no constituye un detrimento confirmado, sino un monto que deberá ser evaluado por los organismos de control.
La comparación con el caso que terminó con la condena de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia ha reactivado el debate en el departamento. Ahora serán las autoridades competentes las que determinen si existen responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales en estos nuevos convenios.
