Sin solución definitiva sobre el mecanismo que debe adoptarse para refrendar los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, pero con la noticia de que el próximo miércoles 18 de septiembre viajará a Cuba una delegación de congresistas para hablar sobre participación política y referendo, avanzaron esta semana los diálogos de paz. Sin embargo, con más sigilo que anuncios, empieza a tomar forma una discusión que interesa al mundo: la búsqueda de soluciones para la erradicación del narcotráfico y toda su cadena ilícita. Este martes la Organización de Naciones Unidas y la Universidad Nacional presentarán el foro nacional sobre el problema de las drogas ilícitas, creado a solicitud de la mesa de negociación de La Habana. El evento tendrá lugar entre el 24 y el 26 de septiembre, pero tendrá un segundo capítulo en la primera semana de octubre en San José del Guaviare. Aunque el propósito es escuchar a los expertos para buscar soluciones al dilema de las drogas con enfoque territorial, en Cuba ya se han dado pasos importantes para fortalecer esta tarea.
El hombre clave en ambos frentes es el exdirector de la Policía general (r) Óscar Naranjo, quien además de sus compromisos en la fundación Buen Gobierno se encuentra por estos días en Colombia como voz autorizada para hablar sobre una controversia que va más allá de las fronteras nacionales. Con una experiencia de más de 30 años en la lucha contra el narcotráfico, es el turno del exoficial de abordar el cuarto punto del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado en agosto de 2012.
Aunque en dicho documento quedó pactado que la solución del problema de las drogas debe partir de programas de sustitución de cultivos, prevención del consumo y salud pública, así como la búsqueda de salidas al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, El Espectador conoció que extraoficialmente ya existen cartas sobre la mesa. La postura del Estado es que las Farc tienen que comprometerse a ayudar a sustituir cultivos ilícitos, desmantelar laboratorios y acabar con pistas clandestinas, entre otros puntos.
Desde la perspectiva internacional, la fórmula tiene un atractivo inevitable. Si las Farc se comprometen con esta tarea, eso significaría que la producción de cocaína desde Colombia podría caer hasta un 60% o incluso más. El negocio quedaría en manos de algunas bandas criminales. Un escenario que tiene viabilidad, particularmente para Estados Unidos. El problema es que las Farc son renuentes a reconocer su responsabilidad en alguna de las fases del negocio ilícito, razón por la cual la fórmula tiene serios obstáculos.
No obstante, en este careo Estados Unidos conserva dos ases bajo la manga. El primero es un extenso dossier del Tribunal del Distrito de Columbia, fechado en abril de 2005, con graves imputaciones a medio centenar de jefes de las Farc, entre ellos algunos de sus negociadores en La Habana. El documento resume cómo en dos décadas la organización impuso sus condiciones en el negocio de la droga. En otras palabras, penden sobre los jefes de las Farc acusaciones que podrían derivar en peticiones de extradición al gobierno colombiano.
En ese contexto, las autoridades estadounidenses han sido inflexibles al advertir que su política de extradición no es negociable. Las Farc han señalado este aspecto como un ingrediente de inseguridad en caso de firmar la paz, con un ejemplo reciente que aumenta sus dudas: la extradición a Estados Unidos de los principales jefes del paramilitarismo en mayo de 2008. Sin embargo, la idea de que las Farc ayuden a combatir el narcotráfico en Colombia puede modificar los inamovibles y hacer que un interés mayor prevalezca.
De tiempo atrás es claro que Estados Unidos quiere ayudar al gobierno Santos a sacar adelante su proceso de paz. Si de paso contribuye a combatir el narcotráfico, doble razón para darle una mano a los diálogos de La Habana. En este plano se sitúa el segundo as: el jefe guerrillero Simón Trinidad. Las Farc no han dejado de insistir en su presencia en Cuba. Estados Unidos ha dicho siempre que de ninguna manera. A la hora de la verdad, todo puede cambiar si el compromiso de las Farc en el tema del narcotráfico va en la ruta que busca el Estado.
Es decir, al tiempo que en Colombia se aprestan a realizar dos foros para la solución del problema de las drogas ilícitas con enfoque territorial, en los escenarios paralelos a la mesa de negociación de La Habana la política internacional juega también y Estados Unidos es un actor ineludible. A pesar de la reiterada negativa de las Farc, en términos de información, el general (r) Naranjo sabe muy bien cuál es el papel de la guerrilla en el tema de la droga. Por eso las salidas son económicas y judiciales, pero también de alta política internacional.
Hace 13 años, en junio de 2000, a instancias del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc, se realizó una audiencia internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente. Con la asistencia de delegados de 21 países, se oyeron toda clase de propuestas de desarrollo alternativo y erradicación del narcotráfico. La novedad, sin embargo, fue la fórmula de las Farc para desarrollar un programa piloto en Cartagena del Chairá (Caquetá). Las propuestas quedaron en veremos, el proceso de paz fracasó y el narcotráfico siguió causando estragos.
Si bien hoy se ha reducido la superficie de producción de coca en Colombia, el problema subsiste y con él la violencia, la pobreza y la concentración de tierras en manos ilegales. Existe hoy la convicción mundial de que el modelo de lucha contra las drogas basado en la represión ha sido un fracaso. Tanto para Colombia como para el mundo, la sola idea de que las Farc se sumen a la erradicación del problema ya es importante. Por eso la discusión sobre el narcotráfico, con Estados Unidos a bordo, va de la mano en la búsqueda de la paz.
Por: María del Rosario Arrázola
FUENTE ELESPECTADOR.COM
