El pasado 5 de enero, el presidente Gustavo Petro, sancionó la ley 2283 de 2023, en la cual establece la obligación a tomar un seguro obligatorio para conductores de vehículos particulares donde ampare los daños materiales ocasionados a terceros en accidentes.
Para esto, la ley indica que, “los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”.
Este seguro será de hasta por 15 salarios mínimos mensuales legales para los carros particulares ($17.400.000 millones), y 7 salarios mínimos para motos ($8.120.000).
Sin embargo, esta nueva medida ha generado inconformidad y polémica en diferentes centros de diagnóstico automotor, ya que ellos deberán asumir el costo de la nueva póliza.
Los gremios Aso-CDA, Acedan y Fenalco solicitan: “declarar la inconstitucionalidad de la norma ya que existe una violación a derechos constitucionales y un conflicto de intereses entre el sector privado”.
Por tanto, piden un encuentro con el ministro de Transporte, ya que no es posible “asumir el valor de la póliza y lo inadmisible e injustificable que un CDA deba responder por los daños que ocasionen los vehículos a terceros por las diferentes circunstancias del conductor en la vía, cuando no existen los recursos para tal fin”.
Aquí el documento de la Ley_2283_de_2023
