Juliana Andrea Guerrero Jiménez presentó este lunes 27 de julio su renuncia irrevocable al cargo de delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar, decisión que tiene efectos inmediatos y que se produce en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de contratos públicos.
La dimisión quedó consignada en una carta dirigida al presidente de la República, al Ministerio de Educación Nacional y al Consejo Superior Universitario de la institución, en la que explicó que su salida responde a la necesidad de concentrar todos sus esfuerzos en su defensa jurídica.
“Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”, manifestó Guerrero en el documento.
La exfuncionaria también sostuvo que su situación personal no debe afectar el funcionamiento de la Universidad Popular del Cesar ni del Gobierno Nacional.
“Mi situación personal y los señalamientos injustos que he recibido de diversas orillas políticas no deben proyectarse sobre la Universidad o sobre el Gobierno Nacional, ni deben interferir en el cumplimiento de las funciones públicas”, señaló.
La renuncia se conoce pocas horas después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la apertura de una investigación para establecer posibles irregularidades en un presunto esquema de intermediación de contratos públicos, caso en el que también es investigada su hermana, Verónica Guerrero.
Las indagaciones surgieron tras la publicación de una investigación periodística en la que se señala a las hermanas Guerrero de, presuntamente, gestionar contratos estatales a cambio de millonarias comisiones. Frente a estas acusaciones, Juliana Guerrero ha rechazado de manera reiterada cualquier conducta irregular y ha sostenido que los señalamientos en su contra son falsos.
Además de esta investigación, la exasesora del Ministerio del Interior enfrenta otros procesos relacionados con la obtención de su título profesional, mientras su defensa, encabezada por el abogado Felipe Alzate, anunció que concentrará sus esfuerzos en atender los requerimientos de las autoridades y demostrar su inocencia.
Con la renuncia de Guerrero, el Gobierno Nacional deberá designar un nuevo delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, mientras continúan las investigaciones que buscan esclarecer las denuncias y establecer si existieron responsabilidades en los hechos que hoy son materia de indagación.
