Este sábado fueron liberados los 29 integrantes de la Fuerza Pública que habían sido retenidos desde el 6 de marzo por el frente Carlos Patiño, un grupo disidente de las extintas FARC. La Defensoría del Pueblo confirmó su liberación con imágenes del momento. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, el equipo regional de la entidad, junto con organismos internacionales, recibió a los uniformados. “Este hecho ocurre en un contexto en el que, después de varios años, la Policía volvió a ingresar a la zona con presencia institucional”, señaló en un video.
El viernes se había especulado sobre su posible liberación. En efecto, representantes de organismos internacionales, la Iglesia Católica, la ONU y la Defensoría del Pueblo mantenían diálogos con la comunidad para gestionar la entrega de los retenidos. Sin embargo, un asesinato en el casco urbano de El Plateado interrumpió las negociaciones.
El secuestro tuvo lugar en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia (Cauca), cuando 28 policías y un militar llegaron al lugar para responder a una asonada. Según versiones oficiales, la comunidad había sido presionada por el grupo armado para impedir la entrada de las fuerzas del orden. Se reporta que los uniformados fueron trasladados a la zona de La Hacienda, donde los disidentes utilizaron amenazas para forzar su detención.
Un residente de la zona, que prefirió mantener su identidad en reserva, describió la difícil situación que se vive en El Plateado. Explicó que el territorio, controlado por las disidencias, se encuentra en una situación más crítica que antes de la incursión militar iniciada en octubre pasado. Asegura que la presencia del Estado ha sido limitada y que, aunque se han anunciado proyectos de infraestructura y desarrollo, estos no han pasado de la etapa de planeación.
El área es considerada un epicentro de enfrentamientos entre el Estado y grupos armados, debido a su importancia en la economía cocalera. La estrategia del gobierno de Gustavo Petro inicialmente apostó por el diálogo, pero en octubre de 2024 anunció una intervención más amplia que combinaba presencia militar con iniciativas sociales y económicas. En ese mes, una delegación del Gobierno, encabezada por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la actual canciller, Laura Sarabia, presentó propuestas para fortalecer la economía legal, mejorar la educación y desarrollar infraestructura en la zona, una estrategia similar a la planteada recientemente para el Catatumbo.
