Solo habrá excepciones si la persona expresa su oposición. Con la nueva normativa, las autoridades buscan reducir el tiempo de espera para concretar trasplantes.
El sábado entró en vigencia la ley que establece que toda persona en Uruguay es donante de órganos, a menos que registre su negativa en el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes (INDT).
“La ley interpreta el silencio como una donación solidaria. La ley nos pone la responsabilidad a nosotros mismos. Si no queremos ser donantes tenemos que expresarlo y registrarlo. Debemos decidir qué queremos hacer”, resume la directora del INDT, Inés Álvarez, al diario local El País.
En los casos de menores de edad o de personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal tras constatarse el fallecimiento.
La iniciativa fue impulsada desde el Parlamento por los senadores Alfredo Solari (Partido Colorado), Mónica Xavier (Frente Amplio) y Sergio Abreu (Partido Nacional).
En Uruguay se legisló sobre la donación de órganos en 1971. “Sentó bases muy sólidas y estrictas con respecto a la donación del cuerpo humano. Dejó bien penalizado que la donación y los productos de la donación no se compran ni se venden y lo puso en la órbita del delito. Marcó el camino en la región”, destaca Álvarez.
En 2003 se agregó a la normativa que todo aquel que no hubiera expresado nada en lo contrario y cuya muerte exigía una pericia forense, era donante. Por ejemplo, si una persona fallecía en un accidente y el caso merecía la actuación de la Justicia, se asumía, salvo que hubiera estampado su negativa, que sus órganos podían ser extraídos para trasplantes.
La expectativa de las autoridades sanitarias es lograr con esto activar la lista de espera para trasplantes que no es todo lo ágil que debiera ser. El país -con 3,3 millones de habitantes- ostentaba una tasa de donantes efectivos de órganos de 16.16 por millón de habitantes, la más alta de América Latina. Anualmente, realiza unos 600 trasplantes y el tiempo de espera para concretar un trasplante de riñón -el más realizado- es mayor a dos años.
Legislaciones similares a la aprobada por el Senado uruguayo ya existen en Argentina, México y Singapur.
AFP- EL PAÍS
