La Contraloría municipal de Armenia expuso en las últimas horas varios hallazgos administrativos en los que existe presunta incidencia fiscal con un potencial detrimento patrimonial cercano a los $15 mil millones de pesos. Las conclusiones se dieron luego del 2017 en donde se empezó a hacer un seguimiento a los pagos por la cesión de áreas para la construcción.
Luis Fernando Lasprilla, concejal de la ciudad, explicó que las irregularidades ya se habían denunciado en el marco de las sesiones de control dentro de la corporación municipal, haciendo referencia en que existen documentos en el que el monto es mucho mayor siendo casi $16 mil millones de pesos el dinero que deben los constructores a la ciudad de Armenia por temas de aprovechamiento y compensación urbanístico.
“Los miembros de la administración municipal en cualquier periodo que haya sido pero que viene ocurriendo del 2013 a la fecha que han hecho las concertaciones con los constructores cobrándoles la mitad de lo estipulado.” Comentó Lasprilla
De acuerdo en el comunicado expedido por la Contraloría, cada constructor que necesite edificar sobre algún lugar de la ciudad debe pagar el 17% a la administración, encontrando posteriormente que, “en los acuerdos de pagos hubo ausencia de cobro coactivo, inconsistencias de obras de compensación e incumplimiento de normas.”
A esto, el concejal Luis Fernando Lasprilla agregó que, en agosto del 2018, mediante un derecho de petición consultó el recaudo por aprovechamiento urbanístico obteniendo como respuesta el valor de $6 mil 156 millones de pesos invertidos, según la Secretaría de Hacienda “en proyectos para dar cumplimiento al plan de desarrollo.”
Sin embargo, de acuerdo a Laspriella, el articulo seis del decreto 064 del 2013 exige que la destinación de los recursos generados por el pago de tributos debe ser destinado para la adquisición de predios, diseño y construcción de espacios públicos y amoblamiento urbano; labores que no se han adelantado en la capital quindiana.
En vista de la polémica, el secretario de Planeación, Diego Fernando Tobón, aclaró que los hallazgos pertenecen a las administraciones pasadas debido al modo del cobro y entrega de las cargas urbanísticas.
“Cuando llegó la administración de Óscar Castellanos, no había claridad, no había un panorama claro de lo que se estaba debiendo por estas cargas urbanísticas, cuántas resoluciones expidieron, qué dinero se estaba debiendo en efectivo, qué faltaba por obra. Cuando se hizo el empalme no quedó ese informe. Se evidencia una desarticulación administrativa entre la oficina de Planeación Infraestructura, Hacienda y Bienes y Suministros porque está claro que las resoluciones nacían en Planeación, pero se trasladaban a su oficina correspondiente de acuerdo al concepto.”, explicó Diego Tobón.
Pese a que en un principio no se tenía claridad, el jefe de la dependencia de Planeación, agregó que, se pudo resolver que desde el nacimiento del decreto 064 del 2013 hasta su derogatoria se concedió 101 resoluciones de los cuales el 82% fue por pago en efectivo ($11 mil millones de pesos) 06% por lote ($2 mil millones de pesos) y 17% por obra ($6 mil millones de pesos) para un total de 19 mil billones de pesos de los cuales solo se ha recuperado $6 mil billones.
En el momento desde la actual administración se viene realizando diferentes mesas de trabajo junto a la oficina de Bienes y Suministros para hacer las respectivas visitas técnicas a los diferentes lotes a los que se le expidieron resolución para verificar si cumplen con la normatividad. El director Diego Tobón además garantizó que las irregularidades se han trasladado desde la oficina hasta la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía y que igualmente, desde la dependencia se ha iniciado un proceso jurídico para revocar las resoluciones que no han sido efectuadas bajo los términos de ley.