Las denuncias que se hicieron públicas el día de ayer por parte de un funcionario de la Cámara de Representantes, por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad, estarían relacionadas con retaliaciones del citado servidor público ante investigaciones penal y disciplinaria que estarían adelantando la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría General de la entidad, por el supuesto
delito de estafa y de la posible falla en sus funciones, por las que la corporación tuvo que pagar más de $673 millones de pesos.
Samuel Garzón Tenjo, quien en la fecha de los hechos (octubre de 2010) ocupaba el cargo de operador de sistemas de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, en su calidad de supervisor de un contrato de suministros de oficina por $469.497.662 con la empresa Ferlag Ltda certificó el cumplimiento de dicho contrato, por lo que la entidad procedió a pagar la suma respectiva. Sin embargo, la citada persona habría recibido con su firma un mes antes otras facturas endosadas por el titular, pero de la Fiduciaria Colpatria, documentos que nunca llegaron a la División Financiera y Presupuesto, por lo que el ente legislativo, ante cobro
judicial y condena de los tribunales tuvo que volver a pagar.
Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, como era su deber, en 2012 por la misma División Jurídica. Simultáneamente se dio inicio a la investigación disciplinaria que actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría General, situación que nunca compartió el citado funcionario y que desde luego, desencadenaron en una campaña de desprestigio contra la administración, que ya cumple más de dos años.
Se aclara que todos y cada uno de los derechos de petición que el señor Garzón ha radicado se le han respondido dentro de los plazos estipulados por la ley. Hechos de los que igualmente, la Dirección Administrativa ha informado oportunamente a la mesa directiva que actualmente preside el Representante Fabio Amín.
Ante los señalamientos hechos por el empleado de la Cámara, la propia directora Administrativa Gloria Inés Raigoza Pinzón le pidió al Jefe de la Oficina Jurídica de la Cámara, José Edison García, que oficiara a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para investiguen los hechos a fondo, al igual que se puso a disposición de estos entes para aportar los pruebas respectivas.
