El exdirector del Dapre, figura histórica del M-19 y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, será imputado por su presunta participación en el entramado de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El cerco judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se estrecha sobre uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro: Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien será imputado por la Fiscalía y, de entrada, podría ir a prisión.
La Fiscalía ya solicitó audiencia para imputarle cargos por su presunta participación en la millonaria red de sobornos que compromete a congresistas y altos funcionarios del Gobierno Nacional. El ente acusador también pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que evidencia la gravedad de las pruebas que existen en su contra.
González no es un personaje menor en la política nacional. Es uno de los antiguos militantes del M-19, el mismo grupo insurgente del que también hizo parte el hoy presidente Gustavo Petro. Además, fue uno de los fundadores del Partido Alianza Verde y ha sido una figura influyente en la construcción de alianzas políticas progresistas en Colombia. Su cercanía con Petro no es nueva: fue su escudero en campañas, asesor de confianza y, recientemente, cabeza del Dapre, uno de los cargos de mayor poder en la Casa de Nariño.
Ahora, su nombre aparece comprometido en el escándalo de la UNGRD. Según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, González habría dado la orden de entregar $4.000 millones en sobornos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, a cambio de apoyar la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso. Ambos legisladores hoy están recluidos en la cárcel La Picota.
Las revelaciones no terminan ahí. Las investigaciones apuntan a que González habría participado en reuniones donde, junto a otros ministros y funcionarios, se definía el reparto de recursos de la UNGRD para obtener respaldo político. Iván Name, entonces presidente del Senado, habría recibido $3.000 millones, y Andrés Calle, representante a la Cámara, $1.000 millones, según las versiones entregadas por los testigos ante la Corte Suprema.
También aparece implicada Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, actualmente detenida, quien habría sido la intermediaria para entregar los dineros a Name en un apartamento de lujo en Bogotá.
Además, se conoció que Andrés Calle visitó en al menos cuatro ocasiones la sede de la UNGRD en octubre de 2023, donde se habría cerrado el “negocio” del soborno. Sneyder Pinilla aseguró que fue él quien le entregó el dinero en efectivo a Calle en su apartamento en Montería, y respaldó sus afirmaciones con chats que documentan los encuentros.
Con esta nueva imputación, el caso UNGRD se convierte en uno de los mayores escándalos que enfrenta el Gobierno Petro, no solo por el monto de los recursos desviados, sino por la cercanía de los implicados con la Casa de Nariño. La imputación a Carlos Ramón González pone al presidente en una posición incómoda, pues el ahora investigado no solo fue su aliado político, sino un protagonista en la historia reciente del progresismo colombiano.
