En audiencia de formulación de imputación de pliegos de cargos, la Fiscalía 20 Seccional contra delitos de Administración Pública imputó a Lina Yaneth Pino Sánchez, exsecretaria ejecutiva del despacho del alcalde José Manuel Ríos Morales, por el delito de constreñimiento al sufragante.
Los hechos por los cuales el ente fiscal acusó a Pino Sánchez tuvieron lugar la pasada campaña electoral, en la cual John Edgar Pérez fue electo como representante a la Cámara. Para la misma época Jorge Ricardo Parra fungió como el gerente de dicha campaña.
Según los relatos, entre diciembre de 2021 y marzo del 2022, donde, supuestamente, valiéndose de su posición en la administración municipal, Pino habría coaccionado y ejercido presión sobre el contratistas adscritos al cuerpo oficial de bomberos de Armenia y empleados de la alcaldía para exigirles un número mínimo de 10 o 15 votantes a favor del entonces candidato a la Cámara de Representantes John Edgar Pérez, de Cambio Radical.
El pretexto de la hoy imputada era que los bomberos debían acceder a sus solicitudes para asegurar la renovación de sus contratos de prestación de servicios en la alcaldía de Armenia.
Según los testigos implicados en la causa judicial, la mujer que era la segunda al mando y la que manejaba todos los temas de contratación en la alcaldía, como manifestaba en las reuniones en las que asistía, presionaba a estos sujetos a que subieran a sus estados de WhatsApp y redes sociales la foto del candidato en mención, además de que los forzaba a asistir a reuniones políticas, incluso en sus días de descanso.
La Fiscalía argumenta que en una reunión realizada en el cuarto piso del CAM, Pino les retiró los teléfonos celulares a los asistentes, antes de iniciar, y les manifestó que ella era la que decidía a quién le daban contratos y a quién no. Por lo tanto, debían aportar 25 votos por el candidato “Perea”, anexando fotografías de los comprobantes electorales físicos e impresos, además de estar pendientes del conteo de votos. A quienes no cumplieron con los votos, no se les renovó sus respectivos contratos.
En virtud de lo anterior, ante el juez cuarto penal municipal con función de garantías la dama fue señalada como autora del delito de constreñimiento al sufragante, un acto que conlleva una pena de 4 a 9 años de prisión. Hasta el momento, la acusada ha optado por no aceptar los cargos en su contra.
