Diariamente son asesinadas en Brasil 110 personas con armas de fuego, reveló un informe publicado este miércoles por la Unesco y el gobierno, en el que se alerta sobre la delicada situación de los jóvenes, principales víctimas de esta violencia.
El Mapa de la Violencia 2015 – Muertes por armas de fuego, que reúne los últimos datos disponibles del ministerio de la Salud (2012), señaló que42.416 personas murieron por disparos.
Casi todas las muertes registradas corresponden a homicidios (94,5%), mientras que el 6% restante se debe a accidentes, suicidios o hechos “indeterminados”.
“Continuamos con niveles altos de victimización de nuestra juventud”, dijo a la AFP Julio Jacobo Waiselfisz, investigador social autor del informe. Más del 58% de las muertes por armas de fuego en 2012 fueron de jóvenes entre 15 y 29 años. “Hay muchas armas en circulación”, consideró Waiselfisz, lo que se suma a políticas públicas “insuficientes”, que no logran insertar a los adolescentes en el sistema educativo, “el mejor mecanismo de inclusión social que existe”.
De acuerdo con el informe, en 2012 uno de cada tres muertos en Brasil entre 15 y 29 años fue por un arma de fuego. El documento advierte que entre 1980 y 2012 la cantidad de personas fallecidas por armas de fuego aumentó 387%, y sumó 880.000 víctimas en todo el período. Las cifras de 2012 son las más altas registradas en toda la serie.
Waiselfisz destacó no obstante que los resultados de la aplicación del “Estatuto del Desarme”, una ley que desde su aprobación en 2003 ha permitido reducir “entre 70% y 80% la venta de armas” en el país. Así, entre 2004 y 2012 se “salvaron” más de 160.000 vidas gracias a la aplicación de esta política de control de armas, destaca el Mapa de la Violencia.
El estatuto, que actualmente algunos parlamentarios pretenden derogar, exige a los interesados -que deben ser mayores de 25 años- justificar la necesidad de tener armas. Además, hay que aprobar un test psicológico,cursos de tiro, registrar el arma ante la policía federal y renovar la licencia cada tres años, bajo pena de uno a tres años de prisión.
El proceso para obtener un arma legalmente pasó a costar desde entonces unos 500 dólares.
