En un fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, respaldando la solicitud de la Procuraduría General de la Nación para garantizar una infraestructura de servicios que asegure la salubridad pública y la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos en Quimbaya.
La Sala de lo Contencioso Administrativo determinó que los derechos colectivos de los habitantes de este municipio han sido vulnerados, señalando la falta de equilibrio ecológico y el manejo inadecuado de los recursos naturales. La sentencia también destacó la necesidad de un desarrollo sostenible que permita conservar el entorno natural de la región.
El fallo obliga al municipio de Quimbaya, a las Empresas Públicas del Quindío, al departamento y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) a trabajar de manera conjunta para:
- Realizar un diagnóstico integral sobre los vertimientos de aguas residuales no tratadas en las quebradas de Quimbaya.
-
Priorizar las problemáticas evidenciadas y definir acciones concretas en el corto, mediano y largo plazo.
-
Asignar responsables claros y presentar conclusiones detalladas con un plan de acción integral.
El Procurador 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios, quien acompañó el proceso, enfatizó que el cumplimiento de esta sentencia será monitoreado de manera rigurosa por la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría. Este seguimiento buscará garantizar que la comunidad reciba servicios de calidad, promoviendo el equilibrio ambiental y la sostenibilidad.
