Para las elecciones que se aproximan este 27 de octubre, el Consejo Nacional Electoral socializó a los diferentes candidatos a las administraciones públicas de Armenia y a la ciudadanía en general, los nuevos delitos electorales que surgieron de la reforma del Código Penal y que ya se han venido presentando en los diferentes escándalos de corrupción que ha develado la Fiscalía. Algunos de ellos son el tráfico de votos, la trashumancia y la violación de topes o gastos de campaña, cuya sanción de esta última dejará de ser exclusivamente administrativa para trascender a un delito penal que puede costar hasta los cuatro u ocho años de cárcel.
Según el magistrado, Jaime Luis Lacouture Peñaloza de la CNE, existe un aplicativo denominado “Cuentas Claras” en el que se permite registrar y consultar el fondo de financiamiento de las campañas de los aspirantes. Sin embargo, solo el 10% de los candidatos a nivel nacional han hecho uso de la aplicación. En el Quindío ningún candidato ha hecho público sus gastos.
“(…) Se remitió a todas las campañas y partidos políticos las contraseñas y las claves para que cada candidato, gerente o contador cargue el casto en el que ha incurrido cada ocho días. Causado el gasto el candidato tiene ocho días para cargarlo en la plataforma de cuentas claras. Es una obligación para la campaña reportar todos los recursos que se utilizan. No hacerlo puede llevar una sanción de tipo administrativa.”, precisó.
Respecto a la trashumancia electoral en el departamento cafetero no existe ninguna alerta sobre la inscripción de cédulas irregulares. El magistrado del Consejo Electoral dijo que de los 22.000 registros notificados muchos de ellos corresponden por traslados de residencia, colombianos que han migrado de países vecinos o por cuestiones de trabajo.
“Hoy para los candidatos todo el proceso es una profesión peligro sino hacen las cosas bien”
Tanto para el magistrado Lacouture como para el Gobernador del Quindío que también participó del foro de socialización de delitos electorales, el solo intento de empezar a participar en ejercicios políticos como la aspiración de cargos públicos, representa un riesgo para la integridad de quien lo hace, pues además del escarnio social, son muchas las instituciones que están vigilando cada movimiento que se hace a partir del proceso de campaña.
“Hoy por hoy a que felicitar a todo el que quiera en la función pública porque de verdad tiene tanta complejidad. Usted firma mal un contrato y queda igual de corrupto a los que se ha robado la plata de miles de millones de pesos, así que es meritorio que ciudadanos de bien hayan decidido hacerlo.”, agregó Carlos Eduardo Osorio Buriticá, quien le queda pocos meses de gobierno y hoy tiene una audiencia pendiente por irregularidades con el contrato SIES.
Nuevos delitos enunciados por el CNE
- Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, esto quiere decir que permitir el ingreso de dineros ilegales a una campaña electoral da cárcel de cuatro a ocho años y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos mensuales.
- Violación de los topes de gastos en las campañas, es decir que cuando estos se superen, las penas van de 4 a 8 años de prisión, más inhabilidad para ejercer funciones públicas. La multa será el mismo valor de lo excedido en la financiación.
- No informar sobre los aportes que hayan recibido sus campañas. Quienes incurran en esta conducta tendrán prisión de 4 a 8 años y pagarán una multa de entre 400 y 1.200 salarios mínimos mensuales.
- Ofrecer los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas. Será castigado con entre 4 y 9 años de cárcel.
- Aspirar y resultar electo estando inhabilitado por alguna decisión judicial, disciplinaria o fiscal. En este caso, la norma establece una sanción de 4 a 9 años de prisión y multa de entre 200 y 800 salarios mínimos mensuales.
Otros delitos ya existentes
Perturbación del certamen democrático: El que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, o el escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, Smmlv.
Constreñimiento al sufragante: El que amenace o presione por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 Smmlv.
Fraude al sufragante: El que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, y multa de 50 a 200 Smmlv.
Elección ilícita de candidatos: El que sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 200 a 800 Smmlv.
Corrupción de sufragante: El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 200 a 1.000 Smmlv.
Voto Fraudulento: El que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular, o revocatoria del mandato, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años y multa de 50 a 200 salarios mínimos Smmlv.
Favorecimiento de voto fraudulento: El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más de una vez o hacerlo sin derecho, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años, multa de 50 a 200 Smmlv.
Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación: El servidor público que no haga entrega oportuna competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, incurrirá en prisión de cuatro a nueve años, multa de 50 a 200 Smmlv.
Alteración de resultados electorales: El que por medio distinto de los señalados en los artículos precedentes altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, y multa de 50 a 200 Smmlv. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.
Finalmente el CNE hizo un llamado a toda la ciudadanía para denuncie ante cualquier irregularidad a través de la página www.cne.gov.co o al correo electrónico atencionalciudadano@cne.gov.co. También invitó a la población que no se quede pasivo ante las justas electorales y se informe para que tome un voto a conciencia.
