El país vuelve a estremecerse ante una grave denuncia de abuso sexual infantil, esta vez al interior de un jardín infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la ciudad de Bogotá. Lo más alarmante no solo es la gravedad del presunto delito, sino las señales que apuntan a un posible encubrimiento o silencio institucional que habría facilitado su continuidad.
Los hechos se habrían presentado en el jardín infantil Canadá, sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur. Allí, varios menores habrían sido víctimas de Freddy Castellanos, un trabajador del centro que hoy está privado de la libertad en la cárcel La Modelo mientras avanza la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, madres de familia aseguran que las señales eran evidentes y que el miedo que los niños sentían hacia Castellanos era aprovechado por otras educadoras del lugar.
“Si no comes, te llevo donde Freddy”, era una de las frases que, según los testimonios de padres, usaban algunas docentes para intimidar a los menores. Las declaraciones, difundidas por el concejal bogotano Andrés Barrios, levantan un fuerte cuestionamiento: ¿sabían las maestras lo que ocurría y decidieron callar?
La figura de “Freddy”, según los relatos, era sinónimo de terror para los niños, quienes llegaron a llamarlo “el monstruo del jardín”. Este tipo de referencias por parte de los menores indicaría que el temor era generalizado y podría haber sido perceptible para el resto del personal educativo, sin que se activaran las alertas correspondientes.
🛑 Silencio institucional bajo la lupa
Los reclamos de las madres de los niños afectados no se centran únicamente en el presunto agresor, sino en toda la cadena de omisión que habría permitido que los abusos se prolongaran en el tiempo. Exigen que se investigue no solo a Freddy Castellanos, sino a quienes, por acción u omisión, pudieron contribuir a un ambiente que puso en riesgo a los menores.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se abrirá una investigación formal contra las docentes señaladas por utilizar amenazas relacionadas con Castellanos. No obstante, la presión social crece y se exige una revisión estructural del ICBF, sus mecanismos de selección y vigilancia del personal, y la supervisión de las condiciones de cuidado en jardines infantiles.
🎙 “Necesitamos respuestas ya, no puede ser que lo sabían y no hicieron nada”, clama una de las madres afectadas.
La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y testimonios, y no se descarta que aparezcan nuevas víctimas. Algunos padres han comenzado a notar comportamientos inusuales en sus hijos que podrían estar relacionados con los hechos denunciados.
En medio del dolor y la indignación, una nueva pregunta se alza con fuerza: ¿cuántos casos más necesitan salir a la luz para que el Estado garantice entornos realmente seguros para la niñez colombiana?
