Casos como el de un perrito callejero que intentó entrar al hospital del corregimiento de Barcelona y fue asesinado a golpes por el celador hace unos meses; o el del envenenamiento masivo de perros y gatos en el municipio de Filandia hace pocos días, hacen parte del historial del grave maltrato que sufren muchos de los animales en el departamento del Quindío.
Frente al espantoso panorama, la comunidad siempre se mueve a denunciar a través de redes sociales como Twitter, Whatsapp, Facebook e Instragram, pero no es suficiente para aplicar las sanciones respectivas a los agresores.
Es por esto, que Stefany Gómez, concejal de Armenia, hace un llamado a los quindianos para que no solo evidencien estos hechos en las redes sociales, sino que denuncien estos graves comportamientos ante una inspección de policía o ante la Fiscalía General de la Nación según sea el caso. “No es una medida correcta solo decir que voy a informar sobre un caso de maltrato animal a través de redes sociales o exponiéndolo ante una fundación, esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Si yo como ciudadana evidencio que están maltratando a un menor de edad o a un anciano, yo no puedo publicar solo por redes sociales. No se ha dinamizado mucho el tema por falta de participación en las denuncias que se deben hacer ante la autoridad competente. Justamente nosotros estamos haciendo capacitaciones con la comunidad para que den el paso de la denuncia” expresó la concejal.
Si un menor de edad está llevando un perro potencialmente peligroso, si no lleva el bozal correspondiente, si los excrementos de un animal no se recogen, o si un animal es agredido por otro, este tipo de situaciones deben ser reportadas ante una inspección de Policía para que efectúen la sanción.
Por otro lado, si los casos son de maltrato que afectan gravemente la vida del animal, estos deben ser denunciados inmediatamente ante la Fiscalía General para que se aplique la ley 1774 del 6 de enero del 2016, donde se establece que el agresor podría purgar una pena de 12 a 36 meses de prisión con una multa de 60 salarios mínimos mensuales.
“Reconocemos que hay una debilidad institucional desde la Fiscalía para atender estos casos, por lo que es necesario que hagamos presión ciudadana a través de las denuncias, de esta manera la Fiscalía tendrá que responder” Concluyó Stefany Gómez.
