Después de un extenso proceso de investigación que se prolongó por más de cinco años, la Procuraduría General de la Nación exoneró de toda responsabilidad disciplinaria a Jorge Luis Barrera, exasesor del gobierno del exalcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
La decisión del ente disciplinario concluyó que Barrera no incurrió en ninguna irregularidad ni violación a la normatividad vigente en el proceso de contratación realizado durante la emergencia sanitaria por el covid-19 en 2020.
Barrera fue señalado de haber favorecido a una empresa en la contratación del suministro de alimentos e insumos durante la pandemia, supuestamente en detrimento de la administración municipal. Las denuncias indicaban que el exasesor era socio de la empresa beneficiada, manejaba su dirección y controlaba sus operaciones.
Sin embargo, la investigación de la Procuraduría determinó que dichas acusaciones eran infundadas. Se estableció que Barrera nunca fue socio, empleado ni tuvo relación alguna con la empresa adjudicataria del contrato. Además, se confirmó que los contratos suscritos cumplieron con los principios de contratación pública y no generaron sobrecostos ni pérdidas para la administración municipal.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento resolvió declarar no probados los cargos en su contra, ratificando que Barrera actuó dentro del marco legal y con los debidos controles.
En declaraciones a Quindío Noticias, Jorge Luis Barrera aseguró que el proceso en su contra parecía ser, al parecer, un montaje político impulsado para desestabilizar la administración municipal y deslegitimar la gestión durante la pandemia.
“Este sábado 22 de febrero se cumplen cinco años desde la declaratoria de urgencia manifiesta y calamidad pública en Armenia para atender la emergencia del covid-19. En ese contexto, se suscribieron cinco contratos: dos para la adquisición de insumos de bioseguridad, uno para la provisión de almuerzos destinados a los voluntarios, otro para la compra de mercados y uno más para la seguridad.
Dentro de estos acuerdos, se contrató a la empresa Vipcol para prestar servicios de seguridad privada en el centro de atención para habitantes de calle y en dos centros de acopio.
Tras la implementación de estas medidas, comenzaron a surgir reclamaciones, denuncias anónimas y quejas de algunos funcionarios, lo que generó la intervención de los entes de control.
La Contraloría General de la Nación inició una revisión exhaustiva y, luego de un proceso riguroso, determinó que no hubo sobrecostos ni pérdida de elementos. Además, se confirmó que los precios de los insumos adquiridos estaban dentro de los estándares establecidos y que no se presentó detrimento patrimonial”, resaltó Barrera.
Sobre esta misma línea añadió que, en la pandemia “fuimos una de las mejores ciudades en atención a la crisis. Sin embargo, hubo fuerzas políticas interesadas en desacreditar esos resultados. Se nos atacó sin pruebas y ahora, cinco años después, la justicia nos dio la razón”, afirmó Barrera.
Asimismo, el exasesor señaló que, la Fiscalía nunca abrió una investigación formal en su contra, pues tras cotejar información financiera y comercial, se evidenció que no existían vínculos entre él y la empresa contratista.
Con esta decisión, Jorge Luis Barrera queda completamente exonerado de cualquier falta disciplinaria y libre de cargos que afectaran su nombre y trayectoria profesional.
