La crisis de los habitantes de calle en Armenia parece avanzar más rápido que las soluciones que promete la administración municipal. Aunque desde la alcaldía se exhiben cifras y supuestas acciones que, en el papel, reflejarían un trabajo articulado, la percepción de la ciudadanía es completamente distinta. Lo que los armenios ven a diario en calles, parques y sectores comerciales es una problemática que no solo crece, sino que amenaza con salirse de control mientras las autoridades siguen respondiendo con estadísticas y no con resultados palpables.
En un reciente debate de control político desarrollado en el concejo municipal se intentó abordar la compleja situación. Allí se informó que actualmente existen alrededor de 1.300 personas en condición de calle en la ciudad. Durante 2024 y lo que va de 2025, solo 686 han recibido algún tipo de atención y apenas 138 de ellas han logrado superar su situación de vulnerabilidad, según los registros oficiales. Además, se expuso que otras 544 personas han participado en programas de prevención y acompañamiento. Sin embargo, los habitantes de Armenia consideran que estos números son una representación mínima frente a la magnitud del problema y que, en la práctica, poco ha cambiado en las zonas afectadas.
La administración municipal argumenta que la baja acogida de los programas y ayudas por parte de los propios habitantes de calle es uno de los principales obstáculos para avanzar. Según los funcionarios, muchas de estas personas rechazan el ingreso a hogares de paso o los procesos de desintoxicación, lo que limita la efectividad de las estrategias implementadas. Frente a esta situación, las entidades aseguran que realizan visitas individualizadas, campañas informativas y ofrecen derivaciones flexibles a servicios sin exigir permanencia. Para muchos ciudadanos, estas respuestas institucionales no son más que un reflejo de la falta de una política pública contundente y eficaz que realmente enfrente la raíz del problema.
En cuanto a la inversión, la secretaria de Desarrollo Social, Jenny Gómez Betancourt, explicó que para 2024 se asignaron 663 millones de pesos para programas de atención a esta población, pero al corte del primer trimestre de 2025 solo se ha ejecutado una cuarta parte de esos recursos. A pesar de contar con presupuesto, no existe aún un centro integral de acogida, lo que obliga a mantener convenios limitados con fundaciones que brindan alojamiento y atención básica. Por otro lado, el secretario de Salud, César Augusto Rincón Zuluaga, informó que se destinaron 600 millones de pesos para atención médica, incluyendo salud mental, salud sexual y atención en urgencias para esta población, aunque sin mayores detalles sobre el impacto real de dicha inversión.
El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, mencionó que se adelantan operativos con la Policía y el Ejército para recuperar zonas críticas y restablecer derechos. No obstante, lo que se evidencia en la ciudad son más asentamientos improvisados, mayores niveles de inseguridad y el aumento de riñas y conflictos relacionados con esta población vulnerable.
Mientras los funcionarios defienden cifras y procesos administrativos, los habitantes de Armenia enfrentan a diario una crisis social que deteriora el espacio público, pone en riesgo la seguridad y refleja una preocupante falta de soluciones reales. La paciencia de la comunidad se agota y el llamado es claro: menos discursos, menos excusas y más acciones concretas.
