Hay tres cosas que debe saber sobre esta noticia
La ministra de Educación, Viviane Morales, salió al paso de la controversia que se ha generado alrededor del proyecto de decreto que plantea modificaciones relacionadas con la prestación y administración del servicio educativo en Colombia. Su mensaje central es contundente: “De ninguna manera se trata de privatizar la educación”.
Primero: los colegios seguirían siendo públicos. Según la explicación entregada por la ministra, el modelo de colegios oficiales en administración no significa que los establecimientos dejen de pertenecer al sistema oficial. La matrícula continuaría dentro de la oferta educativa pública y las entidades territoriales conservarían responsabilidades de dirección, control y vigilancia.
Segundo: el proyecto contempla apoyo de terceros en la administración. La propuesta busca establecer herramientas para que las entidades territoriales certificadas puedan apoyarse en organizaciones con experiencia e idoneidad para fortalecer aspectos pedagógicos, administrativos y de gestión de determinados establecimientos oficiales. La discusión está precisamente en el alcance que tendría esa participación.
Tercero: no es una decisión definitiva. El documento se encuentra en etapa de proyecto y, de acuerdo con la explicación de la ministra, está abierto a observaciones antes de convertirse en una norma definitiva. Por eso, el debate público sobre sus alcances resulta determinante.
El Ministerio de Educación ha señalado que las entidades territoriales certificadas tienen competencias directas en la administración del servicio educativo, mientras que el Ministerio ejerce la rectoría de la política educativa nacional.
La discusión también aparece en un momento en que el Gobierno ha anunciado recursos para fortalecer la educación pública. El Ministerio informó el 6 de agosto que $466.000 millones serían transferidos a territorios para acciones relacionadas con calidad, matrícula oficial, primera infancia y formación integral.
La ministra, además, ha definido como uno de sus principales retos reducir las brechas entre educación pública y privada, fortalecer la calidad, combatir la deserción, mejorar la infraestructura y dignificar la labor de los maestros.
El punto que ha provocado mayor debate es la posibilidad de que terceros participen en la administración u operación de establecimientos oficiales. Para el Ministerio, esto no equivale a entregar la educación pública a particulares, sino a establecer mecanismos de colaboración bajo determinadas condiciones.
También existe un antecedente normativo para la participación de terceros en diferentes modalidades del servicio educativo. El propio Ministerio ha documentado, por ejemplo, contratos relacionados con estrategias pedagógicas con iglesias y confesiones religiosas y otras modalidades de atención educativa.
Así, el debate que queda abierto no es solamente si la palabra “privatización” describe correctamente el proyecto, sino qué funciones podrían asumir los terceros, bajo qué controles, durante cuánto tiempo y quién mantendría la responsabilidad sobre el servicio educativo.
La explicación de Viviane Morales busca precisamente despejar las dudas que surgieron tras conocerse el proyecto. Su posición es que la propuesta no pretende vender ni privatizar los colegios públicos, sino precisar jurídicamente las modalidades mediante las cuales las entidades territoriales pueden fortalecer su gestión.
Por ahora, la discusión continúa y el proyecto debe ser analizado con atención antes de cualquier decisión definitiva. Lo que está en juego es la forma en que Colombia administra sus establecimientos oficiales y el equilibrio entre la responsabilidad estatal y la participación de terceros en la educación pública.
