El Gobierno Nacional comenzó a evaluar nuevas medidas para fortalecer el control de las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios, ante la preocupación por el uso de teléfonos celulares para coordinar extorsiones y otras actividades delictivas.
La revisión se realizó durante una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, y la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, junto con representantes de los principales operadores móviles del país, entre ellos Claro, WOM y Tigo.
El objetivo del encuentro fue analizar las herramientas que ya han sido implementadas y revisar nuevas alternativas tecnológicas que permitan impedir que las personas privadas de la libertad utilicen comunicaciones ilegales para impartir órdenes a estructuras delincuenciales que operan fuera de las cárceles.
El reto: bloquear señales sin afectar a las comunidades
Uno de los principales desafíos identificados por las autoridades es lograr que las restricciones funcionen dentro de los centros penitenciarios sin afectar el servicio de telefonía móvil de quienes viven, trabajan o transitan en las zonas cercanas.
Por esta razón, los ministerios y las empresas de telecomunicaciones analizan los aspectos técnicos y operativos que deben ser solucionados antes de implementar nuevas medidas.
“El objetivo es revisar qué se ha hecho, el estado actual de las medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas en los establecimientos penitenciarios y los retos técnicos y operativos que aún deben resolverse”, explicó el ministro Iván Cancino.
Tecnología contra las extorsiones
La preocupación del Gobierno está relacionada principalmente con los casos en los que teléfonos celulares utilizados dentro de las cárceles sirven para coordinar extorsiones y otras acciones criminales.
La intención es evitar que las personas privadas de la libertad puedan mantener contacto con organizaciones delincuenciales y continuar ejerciendo control sobre actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
Para ello, la participación de los operadores móviles busca facilitar el diseño de soluciones que puedan aplicarse de manera efectiva en los centros carcelarios, manteniendo al mismo tiempo la prestación del servicio a los usuarios que se encuentran fuera de estos lugares.
Las nuevas medidas aún están en evaluación
Durante la reunión se establecieron compromisos para continuar trabajando en alternativas que permitan superar los obstáculos técnicos y operativos pendientes.
El Gobierno Nacional señaló que las nuevas medidas todavía no han sido definidas en su totalidad y que los detalles de las decisiones y mecanismos que serán implementados se conocerán en los próximos días.
El ministro de Justicia aseguró que la apuesta es utilizar la tecnología como una herramienta para fortalecer la seguridad y cerrar espacios a las comunicaciones utilizadas para coordinar delitos desde las cárceles.
“Nuestro propósito es claro: autoridad para cerrarle el paso al delito, tecnología al servicio de la seguridad, y resultados que protejan la tranquilidad de los colombianos”, afirmó Cancino.
