Después de la declaración realizada desde La Habana, Cuba, por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y de la guerrilla de las Farc, lideradas por alias ‘Timochenko’, expertos consultados por Vanguardia Liberal coincidieron en que el anuncio es muy positivo para la mesa de conversaciones y, sobre todo, para alcanzar la paz.
“Me parece que es un momento histórico, no solo porque es el comienzo del fin de más de 50 años de conflicto interno, sino además porque va a sentar jurisprudencia para otros conflictos en el mundo entero. Es la primera vez que se llega a este tipo de acuerdos antes de firmar la terminación formal de un conflicto”, explicó Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, quien se mostró muy optimista sobre la firma de un acuerdo final, al superarse uno de los puntos más álgidos del proceso: el tema de justicia.
Para Andrés Mejía, analista político, el acuerdo logrado en Cuba “supera las expectativas. Se logró un equilibrio muy razonable entre la necesidad de hacer justicia y la necesidad de hacer la paz. Se puede sentir que hay garantías sobre el acuerdo y también sobre los intereses de la sociedad”.
Los expertos destacaron como lo primordial del anuncio, hecho ayer en la noche en La Habana, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues en este acuerdo se indicó cómo pagarán por sus delitos los guerrilleros de las Farc. Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, es muy bueno que “se definiera que haya restricción efectiva de la libertad y haya penas privativas, dado el antecedente de la justicia transicional que se les aplicó a los paramilitares. Me parece también razonable que se cree una jurisdicción especializada para ese tema, como también ocurrió con los paramilitares, ya que todo suena consecuente con la justicia transicional y con los antecedentes que ha vivido Colombia en procesos anteriores”.
En opinión de Charry es también razonable que si no se acogen a esta justicia, a los miembros de la guerrilla se les aplique la justicia ordinaria y las penas se incrementen sustancialmente. Para Charry además es muy importante que se haya hecho claridad en que no pueden ser considerados como delitos conexos con los delitos políticos los delitos de lesa humanidad y los de gravedad internacional, “parecería que son unas condiciones razonables en relación con el marco jurídico para la paz y serían razonables a la luz del Tratado de Roma”.
Sobre las “amenazas” que podría representar este acuerdo logrado ayer, los analistas opinan que podría ser muy criticado, principalmente por los opositores al proceso, debido a que la justicia se aplicará a todos los actores implicados en el conflicto armado colombiano y no solamente a la guerrilla. Así lo indican Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. “Será fuertemente criticado, porque muchos dirán que no se debe meter en el mismo costal a legales e ilegales, sin embargo, tienen que ofrecer una salida al tema de justicia, y sobre todo, a las víctimas y a todos los que han estado involucrados en el conflicto”.
Para Juan Manuel Charry otro punto a tener en cuenta en las posibles “amenazas” de este acuerdo es que “todos estos temas al final se tienen que convertir en leyes estatutarias y esas leyes tienen que tramitarse en el Congreso de la República, o sea que una cosa es el acuerdo con el grupo guerrillero y otra cosa es la instrumentación jurídica que depende de un trámite legal con control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y que va no solo a demorarse un tiempo, sino que puede tener ajustes. Y además, todo está sujeto a la refrendación por parte de la ciudadanía, por lo que aún faltan otras instancias de decisión”.
Andrés Mejía es más optimista al afirmar que ya se va a avanzar al final del proceso de paz. “No creo que sea la hora de ponerse a esculcar los acuerdos para ver qué se les ve de malo. Creo que en general el acuerdo de ayer es bueno, toda creación tiene imperfecciones y seguramente en su aplicación concreta habrá muchas dificultades y habrá cosas que podrían salir mejor, pero en la medida de lo razonable el mecanismo es bastante bueno”.
Para Elisabeth Ungar, lo más importante es que se cumpla con lo pactado en La Habana, pues ya superado el punto de justicia se debe avanzar de manera ágil en los restantes. “Superado el enorme escollo que significaba el tema de la justicia, y sobre todo, el tema de víctimas, seis meses debe ser suficiente. Tanto el Gobierno como las Farc, deben entender que esto no da más espera y que el inmenso logro que se alcanzó en los últimos meses y se materializó ayer, debe comenzar a mostrar resultados, sino muchas personas se van a llenar de escepticismo”, sostuvo la directora.
Los analistas además coincidieron en que no se podría calificar esta declaración como un punto de ‘no retorno’, pues aún quedan temas por discutir en la mesa, aunque fueron enfáticos en que sí es una sentencia de que la paz estaría en camino de ser firmada por las partes.
“Si nos atenemos a las reglas de juego, en el entendido de que ‘nada está pactado hasta que todo esté acordado’, pues no hay puntos de retorno, pues todos los aspectos deben quedar aprobados”, indicó Charry. Mientras que para Mejía “las probabilidades de que se logre el acuerdo final son mucho más altas sobre que no se logre. Todos los análisis que se habían hecho, indicaban que el único obstáculo sustancial en el camino a la firma era el problema de la justicia, resuelto este, yo creo que las partes pueden avanzar hacia el resto del acuerdo”.
Y es que sobre el plazo de seis meses que dio a conocer el presidente Juan Manuel Santos (el acuerdo final se firmaría antes del 23 de marzo), los expertos indicaron que es un paso destacable, pues no fue una decisión unilateral, sino concertada con la guerrilla.
“El plazo fue de común acuerdo con Santos y ‘Timochenko’, no es un ultimátum unilateral. Yo creo que es irreversible y todo está dado para que se llegue al acuerdo final”, concluyó el Director de Indepaz.
¿Qué acordaron las Farc y el Gobierno?
Se crea una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conformada por magistrados principalmente colombianos y excepcionalmente extranjeros.
Se otorgará la mayor amnistía o indulto posible por delitos políticos y conexos.
Una ley determinará qué delitos serán conexos.
Solo esta ley definirá si el narcotráfico se considerará conexo al delito político.
No obstante, no podrán ser amnistiados los crímenes de lesa humanidad, el genocidio ni los graves crímenes de guerra.
Para quienes reconozcan su responsabilidad en los delitos más graves de manera temprana, se impondrán sanciones de ‘restricción efectiva de la libertad’ de 5 a 8 años, bajo un régimen de vigilancia y control, pero con un grado de flexibilidad que permita actividades como contribuir al desminado o a la sustitución de cultivos.
Para quienes reconozcan su responsabilidad de manera tardía se determinará una pena ‘privativa de la libertad’ entre 5 y 8 años en establecimiento carcelario.
Quienes no reconozcan su responsabilidad y sean declarados culpables por el Tribunal para la Paz serán condenados a pena privativa de la libertad de hasta 20 años.
Los delitos que hayan cometido los agentes del Estado también serán conocidos por la JEP.
A más tardar el 23 de marzo de 2016 se debe firmar el acuerdo de paz.
A los 60 días de la firma, las Farc deberán dejar las armas.
¿Quién trinó?
@AlvaroUribeVel: “El Gobierno ha aceptado que delincuentes responsables de atrocidades no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales”.
@AndresPastrana_: “Este es un premio de montaña que la paz ha alcanzado y el cual dará un aire de esperanza pero aun nos falta camino para alcanzar la meta”.
@ClaraLopezObre: “La historia da la razón a quienes con desprendimiento y patriotismo votamos por la Paz en 2014. #VamosPorLaPaz”.
COLPRENSA
