El Juzgado Cuarto Administrativo de Armenia admitió una queja presentada contra el municipio con el fin de garantizar el mantenimiento, las adecuadas condiciones y el uso correcto de la villa olímpica Ancízar López López, en beneficio de deportistas y de la comunidad.
La queja fue interpuesta por el concejal Jonatan Rojo Zuluaga, tras recibir denuncias ciudadanas sobre el mal estado de la infraestructura deportiva, la ocupación indebida del espacio público y el uso de los patios de Setta dentro del complejo. Según el cabildante, el juez verificó los requisitos de procedibilidad y la legitimación pasiva, encontrando mérito suficiente para abrir el proceso jurídico contra la administración municipal.
Rojo asegura que se están vulnerando derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano, el uso y disfrute del espacio público, la protección de bienes de uso público, así como la seguridad y salubridad. Señala que en los patios de Setta hay vehículos que generan contaminantes y convierten el lugar en una zona de chatarrización, pese a que la administración local había prometido retirarlos en un plazo de seis meses, compromiso que no se ha cumplido después de más de un año.
También advierte que el deterioro de las instalaciones impide que la villa olímpica cumpla su función como espacio para el deporte, la recreación y la integración ciudadana. Entre los problemas identificados se incluyen deficiencias de acceso para personas en condición de discapacidad, daños en los escenarios y casos de inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas y falta de cerramiento.
La jueza a cargo del caso ordenó que, en un plazo de diez días, se realice una primera socialización con la comunidad, tarea que fue entregada a la Veeduría Por un Deporte Digno. Desde esta organización se ha insistido en que la queja busca el cumplimiento del artículo 79 de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano, y se ha planteado como solución un cerramiento total del complejo deportivo.
El proceso continuará con la recopilación de pruebas y el desarrollo de audiencias que podrían derivar en una sentencia que obligue a la administración municipal a cumplir con las medidas solicitadas.
