Tenemos una geografía escarpada y diversa siempre difícil del conquistar. Por eso, el anhelo permanente que hemos tenido los colombianos es lograr un país conectado y transitable. Las carreteras y vías han conformado, sin duda alguna, uno de los focos más importantes de inversión durante los últimos cuatrienios. Esa ha sido una prioridad no solo para el Gobierno Nacional sino también para los departamentos y municipios.
La organización vial del país está dividida en vías principales o primarias, unas son concesionadas y otras no; hay vías secundarias y vías terciarias, en las que se cuentan las pavimentadas, y las vías no pavimentadas (INVIAS, 2021). En números, Colombia cuenta con una red de carreteras de 206.102 km, de los cuales el 6.9%, es decir 16.983 km corresponden a la red primaria, el 21% que corresponden a 44.400 km a la red secundaria y 142.284 km el 69.46% a la red terciaria (INVIAS, 2021).
La infraestructura vial es un factor definitivo para garantizar competitividad y desarrollo. Actualmente en Colombia hay más de 37 proyectos de 4G en ejecución, de los cuales 18 tienen avances superiores al 50%; 14 superan el 75%, y 5 ya están terminados (La República, 2022). No obstante, de poco sirven millonarias inversiones en vías si no se contempla con juicio el mantenimiento preventivo, tanto en las carreteras concesionadas como en las que no lo son; los usuarios son los que resienten el estado de las vías, tanto los que las recorren para mover sus productos, como los que las usan para turismo o para moverse en sus actividades cotidianas. Además, hay un punto crítico contractual en estas concesiones: los altos costos de los peajes. Esto último genera cada vez más inconformidad de la población frente al cobro del impuesto.
En el plano regional, hay algo que el nivel central debe empezar a entender e interiorizar: ninguno de los departamentos de Colombia cuenta con los recursos suficientes para atender de manera adecuada el mantenimiento preventivo y correctivo de sus vías secundarias (Bolívar. S y Quintero. C, 2019). Por esto, requieren con urgencia el acceso a un único fondo vial con recursos del Gobierno Nacional para poder atender sus necesidades.
Por último, vía legislativa el Congreso de la República debe otorgar destinación específica a la sobretasa del sector financiero para que con este recurso se financie la red vial secundaria y terciaria del país.
¿Hasta cuándo el abandono del Gobierno Nacional a los departamentos y municipios para atender las necesidades reales de la infraestructura del transporte? ¿Cuántos años más tendremos que esperar para que el gobierno garantice la navegabilidad del Río Magdalena? Los retos son grandes, pero claros.
Pablo Jaramillo Arango
Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos
