La financiación de esta actividad con fondos destinados para la reconstrucción luego del terremoto ha desatado una tormenta en el país asiático.La flota ballenera japonesa ha zarpado y se dirige hacia la Antártida, en donde espera arponear y traer de vuelta Japón a unas mil ballenas. Esta vez va escoltada por un navío extra, que espera hacerle frente a los activistas de Sea Shepherd, la organización ambiental que ha evitado durante los últimos siete años que los japoneses desarrollen normalmente su temporada de caza de estos animales.
Claro, tanta logística tiene su precio. Y ese dinero sale de los fondos para la reconstrucción después del terremoto y tsunami que destrozaron buena parte de la costa noreste de Japón, según han revelado varias organizaciones ambientales, entre estas Greenpeace.
El monto de los fondos que ya no irán para la reconstrucción, sino para la caza de ballenas, es de US$30 millones, que se suman a los US$10 millones que ya recibe esa industria en subsidios gubernamentales.
Aunque la jugada lograda por los balleneros japoneses no es algo ilegal, pues fue una proposición aprobada por el parlamento japonés como parte del paquete de recuperación de Fukushima, los ambientalistas cuestionan duramente la medida, pues, según ellos, el dinero de los contribuyentes no ayudará a la recuperación del país, sino a pagar la deuda de una industria que en años recientes ha decaído drásticamente.
A raíz de la presión internacional y una mayor conciencia ambiental, la demanda por carne de ballena ha caído, tanto como para que hoy haya algo así como seis mil toneladas de este producto en almacenamiento. Las bajas ventas también han hecho que los balleneros japoneses hayan acumulado una deuda que, según cálculos de Greenpeace, llegaría a los US$24 millones, un monto que no podrían asumir sin la reciente inyección de dinero para la reconstrucción.
El descontento es tal en Japón que 18 organizaciones, que incluyen a la Unión de Consumidores y la Federación Japonesa de Abogados Medioambientales, han firmado una declaración condenando el incremento presupuestal otorgado a los balleneros.
Portavoces de estos pescadores han defendido la decisión adoptada por el parlamento al argumentar que alguno de los lugares devastados por el tsunami eran puertos balleneros, por lo que también tienen derecho a hacerse con una tajada de los recursos para la reconstrucción.
Lo cierto es que la caza de ballenas es un negocio en decadencia por una serie de factores. Primero está la presión internacional de países como Australia y Nueva Zelanda que han condenado públicamente a los japoneses por este negocio, que en buena parte se realiza en áreas que para la legislación de estos dos países son santuarios para estos animales. La inconformidad es tal que Australia presentó una demanda contra Japón ante el Tribunal de La Haya por estos hechos, aunque la decisión saldría, por temprano, en 2013.
Por otro lado está la fiera oposición de las organizaciones ambientales, como Sea Shepherd, que el año pasado lograron que la temporada de caza, que generalmente va de diciembre a marzo, se acortara y así la flota sólo pudiera hacerse con una quinta parte de las ballenas que planeaba arponear.
Aunque la pesca comercial de estos animales está prohibida desde 1986, Japón puede realizar su caza de ballenas legalmente gracias a una cláusula de la Comisión Ballenera Internacional que dice que un número limitado de estos animales puede ser cazado para “fines científicos”. Sin embargo, también está permitido que la carne de los cetáceos capturados sea vendida a plazas de mercado y restaurantes lo que, en la práctica, es una eufemismo para permitir la pesca comercial.
Lo cierto es que, con cifras en mano, los ambientalistas esperan que el enojo público por el uso de fondos para la reconstrucción del desastre en caza de ballenas sea el golpe de gracia para detener esta práctica para siempre y así salvaguardar la vida de miles de estos animales del feroz apetito de los japoneses.
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