Un fallo de tutela a favor de Gustavo Petro fue el que ayer devolvió al destituido alcalde de Bogotá a su cargo.
La decisión se dio, luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al presidente de la República que, en un plazo de 48 horas, reintegre a su cargo en la Alcaldía Distrital a Petro Urrego, como medida cautelar aprobada por la Comisión Interamerican ade Derechos Humanos, Cidh.
El fallo a favor del destituido alcalde se fundamenta en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en jurisprudencia constitucional que determina que las medidas cautelares de la Cidh son de obligatorio acatamiento.
Para Juan Manuel Charry, experto en derecho constitucional, esta decisión era previsible, debido a “que la jurisprudencia de la Corte Constitucional señaló que las medidas cautelares de la Cidh son obligatorias, y que si no se cumplen procede la acción de tutela”, que fue precisamente la acción interpuesta por un ciudadano, que argumentó que a Petro se le violó el debido proceso.
Lucha por la alcaldía
Ahora será la Presidencia la que decida si impugna o no la decisión tomada por el Tribunal. Sin embargo, aclara Charry, esto en nada afecta la reintegración al cargo de Petro.
Hasta el cierre de esta edición, el presidente Santo no se había pronunciado frente al regreso de Petro a la alcaldía.
El mandatario nacional había asegurado antes de conocerse esta noticia que si una autoridad judicial ordenaba restituir al cargo a Gustavo Petro lo haría.
En caso de que el presidente Santos decida interponer el recurso de apelación, será la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en segunda instancia.
Ese proceso es distinto al que Petro adelanta ante el Consejo de Estado y que busca declarar la nulidad de la destitución impuesta por la Procuraduría.
Lo que le queda
Esta tutela que acaba de ser fallada hace parte de un grupo de 40 tutelas que interpusieron algunos ciudadanos en contra del acto administrativo del presidente de la República en el que ejecuta la sanción de la Procuraduría contra Petro y nombra a Rafael Pardo como alcalde encargado.
Ya hay más de 20 tutelas que han sido falladas a favor de la presidencia de la República y hacen falta aún 16, siendo esta la única que le pide al Gobierno que cumpla con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, hace falta que el Consejo de Estado decida si otorga o no las medidas cautelares de suspensión de la destitución a favor de Gustavo Petro, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el burgomaestre y que está pendiente del concepto que emita la Procuraduría.
COLPRENSA
