Un llamado a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas para que verifique la calidad de desplazados en el departamento a cuenta de que existen personas que carecen de esta legitimidad, hizo la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio a través de la Secretaria del Interior. Según la líder quindiana la ley debe ser cumplida por los actores en la cadena de su ejecución y no pueden existir equivocaciones que afecten a estos colombianos.
“Tenemos problemas con la legitimidad de 1.200 personas en el Quindío. El Ministerio del Interior y de Justicia tiene 60 días por ley para hacer esa inspección y pronunciarse pero pasa el tiempo y no podemos hacer nada por la defensa de los derechos de esas personas”, confirmó la Gobernadora.
La situación se torna crítica porque las familias que llegan al Quindío no cuentan con recursos y todas tienen pequeños niños afectados y adultos mayores en condiciones infrahumanas.
“Esta dificultad ya se socializó con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y se exhortó al orden nacional para que definan las calidades de esas familias”, agregó la mandataria.
La gobernadora ya presentó una carta de intención para la construcción de una unidad de atención en el departamento donde podrán confluir todas las instancias administrativas.
