El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó el cierre indefinido de la sección de visas en la Embajada de Bogotá, en respuesta a la negativa del presidente Gustavo Petro de permitir el ingreso de dos vuelos con 160 colombianos deportados desde territorio norteamericano. La medida, que entra en vigor este lunes 27 de enero, genera tensiones en las relaciones bilaterales entre ambos países.
Petro justificó su postura en redes sociales, afirmando que “los migrantes colombianos no son delincuentes y deben ser tratados con dignidad”. Además, advirtió que solo permitiría el regreso de connacionales bajo condiciones específicas, como el uso de aviones civiles y protocolos de trato respetuoso.
El cierre de trámites de visa es la primera represalia oficial del gobierno de Donald Trump ante lo que considera un incumplimiento de acuerdos bilaterales previamente pactados. Los vuelos, cada uno con 80 deportados, habían sido aprobados por altos funcionarios de ambas naciones. Según fuentes diplomáticas, el Departamento de Estado evalúa implementar más medidas en caso de que la situación no se resuelva pronto.
La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado donde advirtió que “próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales”. Aunque no se han detallado las acciones específicas, la tensión entre ambos gobiernos podría afectar la cooperación en otros temas clave, como la migración y el narcotráfico.
El presidente Petro, en un mensaje publicado en la madrugada de este domingo, insistió en que “Colombia se respeta” y reiteró su rechazo a la forma en que Estados Unidos maneja las deportaciones. Además, reveló que hay “15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular”, a quienes instó a regularizar su situación migratoria.
Petro también hizo un llamado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para convocar una asamblea extraordinaria sobre migración y los desafíos derivados del mercado de drogas en América. “Si no nos quieren en el norte, el sur debe unirse”, señaló.
Por su parte, Laura Sarabia, nueva canciller de Colombia, afirmó que el gobierno está dispuesto a dialogar con Estados Unidos para revisar y fortalecer los protocolos de deportación. Sin embargo, reiteró que cualquier acuerdo debe garantizar un trato digno para los migrantes.
La negativa de Colombia a recibir los vuelos con deportados se suma a la creciente polémica en América Latina por las políticas migratorias de Estados Unidos. Brasil y Nicaragua han aceptado recibir a sus connacionales deportados, aunque Brasil denunció “tratos inhumanos” en un reciente vuelo. México, por su parte, ha rechazado los vuelos, pese a las declaraciones de apertura de su presidenta, Claudia Sheinbaum.
Mientras tanto, los 160 colombianos deportados permanecen en centros de detención transitoria en Estados Unidos, a la espera de una resolución. El gobierno de Trump no ha descartado nuevas sanciones contra Colombia si el desacuerdo persiste.
