La jueza 12 de conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera instancia de una jueza de Control de Garantías y envió a la cárcel a los coroneles de la Policía, José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, implicados en el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrida en Bogotá en 2010.
La funcionaria judicial argumentó que el oficial Nelson de Jesús Arévalo sí estuvo presente en la manipulación de la escena del crimen.
Agregó que el coronel José Javier Vivas participó en calidad de coautor. Señaló que en la institución existen unos rangos y las órdenes son dadas por superiores.
La jueza indicó que los oficiales son responsables de la extraña muerte del joven grafitero tras haber intentado ocultar y desviar las investigaciones sobre el polémico caso, como presuntos coautores de los hechos.
De la misma forma sostuvo que si los uniformados manipularon la escena del crimen involucrando a otros miembros de la institución, también podrían obstruir las investigaciones para su propio beneficio.
Criticó que los coroneles se hayan prestado para presuntamente cometer este tipo de acciones ilegales y agregó que se vio manchada la imagen de una institución que está creada para defender a la ciudadanía y no para agredirla, como según indicó, se observó en este caso.
Los uniformados, quienes de acuerdo con la Fiscalía habrían participado en la manipulación de la escena del crimen con otros 20 oficiales y suboficiales de la Policía, habían quedado en libertad en primera instancia el pasado mes de julio, luego que una jueza de control de garantías argumentara que no existían pruebas suficientes que los vinculara de manera directa con la extraña muerte del joven.
Los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, quienes fungían como subdirector de la institución en Bogotá y comandante de la Policía de Suba, respectivamente, son investigados por los delitos de falsedad en documento, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, luego de las declaraciones de otros uniformados implicados en el caso, quienes declararon en contra de los oficiales y del presunto “pacto sepulcral” que habían conformado para ocultar los hechos y desviar las investigaciones.
La decisión
La jueza precisó que “se impondrá medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra de José Javier Vivas Báez y Nelson de Jesús Arévalo por su presunta participación en estos hechos“.
Sin embargo, la jueza determinó que “con el fin de garantizar su derecho a la vida y la integridad personal y teniendo en cuenta el rango de los oficiales, será el Inpec y su director quien defina su lugar de reclusión“.
La funcionaria judicial señaló que en el presente caso se está ante conductas “sumamente graves al modificar una escena del crimen donde murió un menor de edad a manos de un servidor de la Policía. Es indiscutible que no sólo la sociedad resulta afectada por personas como las aquí implicadas, pues de ellas se esperaría una conducta intachable“.
“Con todo lo expuesto se puede inferir que el coronel Arévalo conoció desde su inicio la situación referida por el patrullero Wilmer Alarcón en cuanto a que en desarrollo de una persecución hirió a un menor de edad porque pensó que tenía un arma que en un principio nunca fue encontrada y después apareció. Este oficial estuvo presente al momento de implantación del arma“, señaló.
Con relación al otro oficial, la jueza indicó que “en este sentido hay que decir que hubo una coautoría del coronel Vivas ya que hay una organización jerárquica en la que los uniformados recibían ordenes de su superior que en ese momento era dicho uniformado“.
Padres del gratifero
Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, padres del joven muerto, se declararon satisfechos con la decisión judicial y agregaron que espera que se haga justicia.
Trejos dijo que los abogados que llevan el caso cuentan con los suficientes elementos para demostrar la responsabilidad no sólo de los coroneles enviados a la cárcel, sino también contra el general Francisco Patiño.
“Yo he venido diciendo que hasta ahora se conoce el 10% del caso y tenemos todas las pruebas para demostrar que hay responsabilidad de varios uniformados entre ellos el general Patiño. Creemos que esta decisión está ajustada a derecho y esto reconforta un poco frente a los dos años largos de este caso“, señaló.
La señora Liliana lizarazo aseguró, entretanto, que “yo me siento contenta con esta decisión y lo único que espero es que se haga justicia. Que las personas que están implicadas paguen y que no sigan encubriendo a las pocas personas de la Policía que hicieron parte de la manipulación de la escena del crimen“.
Los uniformados fueron enviados al pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.
vía RCN
