El presidente Abelardo De La Espriella elevó la emergencia a calamidad pública departamental y anunció un cuerpo élite para investigar el origen de las conflagraciones.
El Tolima enfrenta una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos años. Desde el corregimiento de Gualanday, el presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves un paquete de medidas para responder a los incendios forestales que han afectado amplias zonas del departamento y que, según el mandatario, estarían relacionados en algunos casos con acciones deliberadas de “manos criminales”.
De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno Nacional, más de 50.000 hectáreas han sido afectadas por las llamas, de las cuales cerca de 28.000 corresponden a áreas agropecuarias. La emergencia ha golpeado a 23 municipios y 507 veredas, mientras que 2.660 productores han resultado afectados y las pérdidas económicas en el sector productivo se estiman en aproximadamente $134.000 millones.
La situación también pone en riesgo a la población animal y la actividad rural. El presidente indicó que 163.000 animales enfrentan dificultades por falta de alimento y agua, en medio de las condiciones generadas por los incendios. Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno decidió elevarla a calamidad pública departamental, con el propósito de facilitar la adopción de medidas extraordinarias y acelerar la atención a las comunidades afectadas.
Uno de los anuncios que generó mayor atención fue la creación de un cuerpo élite encargado de investigar el origen de las conflagraciones y establecer quiénes estarían detrás de los incendios provocados de manera intencional. El Gobierno ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables.
“Hay manos criminales detrás de estos incendios”, afirmó De La Espriella, al pedir la colaboración de la ciudadanía con las autoridades. El mandatario también sostuvo que su Gobierno no se limitará a controlar las llamas, sino que buscará recuperar las zonas afectadas. “No vamos a apagar solo lo que provocó los incendios, vamos a recuperar lo que el fuego destruyó”, manifestó.
Ataques con drones y recompensa de $500 millones
Durante su visita a San Luis, el presidente también se refirió a la situación de seguridad en el sur del Tolima. Señaló a dos integrantes de las disidencias de las FARC, identificados como alias ‘Yamaha’ y alias ‘Leonel’ o ‘Amazonas’, de presuntamente aprovechar la emergencia para ejecutar acciones contra la Fuerza Pública.
Según la versión entregada por el mandatario, los dos hombres serían integrantes del frente Gerónimo Galeano, estructura que, de acuerdo con su señalamiento, tendría vínculos con el Estado Mayor de alias Iván Mordisco y presencia en el sur del departamento. El Gobierno ofreció $500 millones de recompensa por información que permita ubicar y capturar a cada uno de ellos.
El presidente fue enfático en precisar que estos dos disidentes no están siendo señalados como responsables de provocar los incendios forestales, sino de aprovechar la emergencia para realizar presuntos ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública e intimidar a la población.
Emergencia se suma a los daños del terremoto
La crisis ambiental ocurre además mientras el Tolima enfrenta las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Según el balance presentado por el Gobierno, 44 municipios resultaron afectados, con 85 viviendas completamente colapsadas y otras 3.212 averiadas, para un total de 3.776 afectaciones reportadas.
Frente a este escenario, el mandatario aseguró que la emergencia económica decretada permitirá atender los daños derivados del terremoto y avanzar en medidas extraordinarias para enfrentar el desastre ambiental ocasionado por los incendios.
El Gobierno anunció además un plan integral de recuperación ambiental, productiva y de seguridad, que incluirá acciones para recuperar ecosistemas, respaldar a los productores y fortalecer la seguridad en las zonas afectadas. También se implementará seguimiento especial en materia de salud pública para identificar posibles enfermedades respiratorias y otras afectaciones relacionadas con la exposición al humo.
Como parte de la estrategia de recuperación, se contempla igualmente la creación de un fondo mixto con recursos públicos y privados, destinado a respaldar la recuperación del Tolima una vez se logre controlar la emergencia.
Mientras continúan las labores de extinción y atención en las zonas afectadas, las autoridades buscan determinar el origen de cada incendio y establecer si existe responsabilidad criminal en los casos denunciados. La prioridad, según el Gobierno, será proteger a las comunidades, contener la emergencia y comenzar la recuperación de las áreas que han quedado devastadas por el fuego.
