La violencia contra los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia sigue creciendo de manera preocupante. Solo durante abril fueron asesinados 31 uniformados, entre policías y militares, en distintas regiones del país. Esta serie de homicidios, que las autoridades atribuyen al denominado “plan pistola”, mantiene en alerta a las instituciones de seguridad nacional.
Según el balance más reciente, en lo que va del año han muerto 76 policías y al menos 12 militares en ataques dirigidos, mientras que 252 uniformados han resultado heridos. Las principales zonas afectadas son Antioquia, Córdoba y varios departamentos de la costa Caribe, aunque la amenaza se ha extendido a otros territorios del país.
De acuerdo con los organismos de inteligencia, detrás de estos atentados estarían grupos criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y organizaciones vinculadas al narcotráfico, que ofrecen millonarias recompensas por asesinar miembros de la Fuerza Pública.
Ante esta grave situación, el Gobierno nacional y los altos mandos policiales y militares han intensificado las medidas de seguridad. Se ha reforzado el patrullaje en áreas de alto riesgo, se están empleando vehículos blindados y se modificaron los horarios y rutas de vigilancia para evitar patrones que puedan ser aprovechados por los criminales. Además, se mantiene una estrecha coordinación con unidades de inteligencia militar para anticipar y neutralizar posibles atentados.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, aseguró que no se permitirá que los violentos intimiden a la Fuerza Pública y anunció una ofensiva conjunta para capturar a los responsables de estos crímenes.
Las autoridades también ofrecieron recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de los cabecillas y sicarios implicados. Algunos de los responsables ya fueron identificados y enfrentan cargos por terrorismo y homicidio agravado.
Mientras tanto, familiares de las víctimas y organizaciones sociales han alzado su voz para exigir justicia y mayor protección para quienes arriesgan su vida diariamente por la seguridad del país.
“Cada uniformado asesinado es una tragedia que no puede pasar desapercibida. La institucionalidad debe responder con firmeza”, expresó un vocero de una asociación de familiares de víctimas.
La ciudadanía, por su parte, reclama acciones contundentes que permitan detener esta escalada de violencia que enluta a la Policía, al Ejército y a toda la nación.
