En medio de una controversia que ha sacudido a la Policía Nacional de Colombia, oficiales recientemente apartados de sus funciones han denunciado posibles irregularidades en los procedimientos que llevaron a su desvinculación. Los afectados sostienen que las evaluaciones con polígrafo utilizadas para medir su desempeño fueron alteradas por la contrainteligencia policial, liderada por la coronel Yuli Ruiz, con la intención de justificar una destitución masiva, según reveló Semana. Este proceso, que resultó en la salida de 71 miembros de la institución, fue ejecutado bajo la supervisión del general Carlos Triana, quien asumió la dirección de la entidad solo tres días antes de la medida, y del entonces ministro de defensa, Iván Velásquez.
De acuerdo con testimonios recogidos por el mismo medio, varios oficiales desvinculados, tanto hombres como mujeres, han denunciado que su trayectoria fue injustamente empañada al ser indirectamente relacionados con un caso de corrupción que involucra a Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, reconocido por sus actividades en el contrabando. Los exmiembros de la fuerza aseguran que jamás tuvieron vínculos con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), organismo clave en la investigación, y califican su salida como una decisión arbitraria que perjudicó su prestigio profesional.
“Nos desvincularon en medio de ese escándalo sin que tuviéramos relación alguna con el asunto”, afirmó un coronel con más de 25 años de servicio en conversación con el medio citado. Destacó que su historial incluye numerosas distinciones y reconocimientos en labores de inteligencia.
Uno de los aspectos más polémicos de estas acusaciones es el uso de exámenes con detector de mentiras como justificación para los retiros. Según los testimonios recopilados por Semana, los resultados fueron manipulados para arrojar informes “no concluyentes”, lo que permitió a la contrainteligencia recomendar su separación de la institución. Un coronel retirado relató que la prueba a la que fue sometido duró más de cinco horas, cuando lo habitual es entre una y dos. “Intentaban que admitiera hechos que nunca cometí”, afirmó al medio, describiendo la experiencia como un mecanismo de coerción psicológica. Además, los denunciantes señalaron que las evaluaciones estuvieron bajo la dirección de la coronel Yuli Ruiz, quien, según ellos, habría usado su cargo para incidir en las determinaciones de la cúpula policial.
Este tipo de prácticas recuerda al caso de Marelbys Meza, exniñera de una funcionaria gubernamental, quien también denunció irregularidades en una evaluación poligráfica realizada por el equipo de seguridad presidencial. “Estas pruebas son herramientas orientativas, pero aquí fueron manipuladas con fines particulares”, declaró otro oficial retirado.
La medida afectó considerablemente a las mujeres dentro de la institución, lo que ha desatado críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que algunos consideran una postura contradictoria. Mientras se promueve la inclusión femenina en altos cargos, en esta ocasión fueron apartadas casi una docena de coroneles mujeres. Entre las afectadas se encuentran Diana Torres, Érika Castellanos, Niyelena Hoyos, Carolina Romero y Andrea Parra, entre otras.
