Recientemente, un grupo de congresistas radicó una iniciativa que busca que adolescentes entre 14 y 17 años sean juzgados bajo el sistema penal ordinario cuando incurran en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión o terrorismo.
La propuesta, promovida principalmente por el representante Óscar Villamizar del Centro Democrático y respaldada por congresistas de Cambio Radical, el Partido Liberal y la curul afro, surgió tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el que uno de los implicados fue un menor.
“El que actúa como adulto debe ser tratado como adulto. Hoy los niños están siendo preparados y educados para delinquir”, aseguró Villamizar al sustentar la iniciativa. Según él, el caso de Uribe evidenció cómo estructuras criminales instrumentalizan a menores aprovechando la “blandura” del actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).
De aprobarse, el proyecto reformaría el Artículo 139 de la Ley 1098 de 2006 -que establece el SRPA- para incluir un parágrafo que exceptúe a los adolescentes que incurran en delitos como homicidio, desaparición forzada, delitos sexuales, terrorismo y secuestro. En estos casos, serían procesados como adultos y enfrentarían penas de hasta 60 años de cárcel, y no de máximo ocho años, como ocurre hoy.
“El menor de edad será juzgado integralmente conforme al régimen de responsabilidad penal aplicable para los adultos”, señala el texto radicado, que además estipula la aplicación de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004, es decir, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal ordinarios.
Una respuesta a la instrumentalización de menores
Los congresistas firmantes, Óscar Villamizar, Miguel Polo Polo, Carolina Arbeláez, Luz Ayda Pastrana, Piedad Correal y José Octavio Cardona, coinciden en que la criminalidad organizada aprovecha la penalización diferenciada de menores para reclutarlos o utilizarlos como autores materiales de crímenes graves.
“El atentado contra el senador Miguel Uribe no es el único. Hay una instrumentalización constante de jóvenes, y esto debe parar”, enfatizó Villamizar, al defender que el endurecimiento del régimen penal busca “proteger a la sociedad y cerrarles la puerta a las bandas criminales que usan niños para el delito”.
El proyecto, sin embargo, ya ha despertado alertas en sectores que consideran que la reforma desvirtúa el enfoque pedagógico del SRPA, un modelo que según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca “la resocialización y reintegración” de los adolescentes, no solo la sanción.
“Colombia tiene compromisos internacionales para garantizar un trato diferenciado a los menores en conflicto con la ley. Endurecer penas sin fortalecer la prevención y la atención integral puede agravar el problema”, advierten organizaciones defensoras de derechos de la niñez.
El proyecto inicia ahora su trámite en el Congreso en medio de un clima polarizado y de un debate de fondo: ¿hasta dónde debe llegar la justicia juvenil para responder a los delitos de alto impacto sin desproteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes?
