La cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Birmania el pasado viernes se elevó a más de 2.000, según datos confirmados este lunes por la junta militar y la oposición prodemocrática. Mientras tanto, el número de heridos supera los 3.900, y la crisis se agrava por las difíciles condiciones en las zonas afectadas.
El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, informó a la agencia EFE que el balance oficial asciende a 2.056 muertos. Sin embargo, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), opositor al régimen castrense y que controla algunas regiones impactadas por el sismo, elevó la cifra a 2.418 fallecidos y alertó sobre la cantidad de desaparecidos.
La situación es crítica en la región de Sagaing y Mandalay, donde las ciudades homónimas han sufrido gran destrucción. Imágenes aéreas muestran escombros y edificios colapsados, mientras rescatistas chinos y rusos intentan localizar sobrevivientes. Entre los rescatados este lunes se encuentran un niño de 5 años y una mujer embarazada.
Dificultades para la ayuda humanitaria
El despliegue de asistencia humanitaria se encuentra obstaculizado por daños en carreteras, puentes y el cierre de aeropuertos clave, como los de Naipyidó y Mandalay. Además, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y grupos insurgentes dificultan el acceso a las zonas más afectadas.
La ONU ha exigido acceso sin restricciones para la entrega de ayuda, subrayando que los hospitales están colapsados y que miles de personas duermen a la intemperie por temor a nuevas réplicas. “Cada hora es crucial”, advirtió una fuente humanitaria, mientras se intensifican las conversaciones con la junta militar para agilizar la emisión de visados a especialistas en desastres.
El NUG alertó sobre la inminente llegada de lluvias en gran parte del país, lo que podría agravar la emergencia por la falta de refugios para quienes perdieron sus viviendas. Organizaciones humanitarias también han advertido sobre el peligro de enfermedades debido a la descomposición de cuerpos en las calles.
Mientras tanto, la junta militar ha negado la entrada a la prensa extranjera, dificultando la cobertura de la tragedia. La enviada especial de la ONU para Birmania, Julie Bishop, ha instado a un alto el fuego inmediato para priorizar la atención a las víctimas.
La magnitud de la tragedia sigue sin esclarecerse por completo, pero organismos internacionales coinciden en que se trata de una de las peores catástrofes en la historia reciente de Birmania, un país ya golpeado por la crisis política y económica tras el golpe militar de 2021.
